Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

De 150.000 a 10.000 euros de indemnización por dejadez de la Administración de Justicia

Sáb, 15/10/2016 - 12:19
NURIA MARTÍNEZ BARCO
Opinión

En octubre de 2000, en su primer día de trabajo en la empresa SECOUR S.C. en Sevilla, Manuel V.M.B. tenía que reparar la cubierta de una nave junto a otro compañero. Subieron provistos de arneses de seguridad y al comprobar que no existían puntos de enganche su compañero bajó a buscar cuerdas de aseguramiento. Mientras, Manuel subió al vértice de la cubierta apoyándose en las placas de fibrocemento que cedieron, cayendo desde una altura de 10 metros y falleciendo a causa del politraumatismo. Tenía 26 años y no llevaba casado con Sonia R.V. ni un año.

CCOO inició demanda y ya en el juicio se apreció el talante de estos empresarios, no admitiendo su responsabilidad en lo ocurrido y culpabilizando en exclusiva a la víctima. Pero también quedó claro que la obra carecía de licencia municipal, de estudio de seguridad y del preceptivo plan de seguridad y salud, no se había dado formación en prevención, ni existían medidas de seguridad colectivas, señalización, cascos o calzado de seguridad. Ni siquiera la empresa, constituida por los hermanos Francisco J. Jaime Rodríguez y Juan Jaime Rodríguez, disponía de servicio de prevención. En definitiva, un desprecio absoluto a la vida humana y a su obligación de proteger la salud de sus trabajadores. Finalmente en 2004 fueron condenados a un año y tres meses de prisión e indemnización de 150.000 euros por delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores.

Ambos condenados apelaron la sentencia y fueron urdiendo innumerables mecanismos para ocultar sus bienes e ingresos y evadir sus responsabilidades económicas, como realizar separación de bienes en el matrimonio tras la demanda o declararse insolventes mientras mantenían actividades productivas bajo diferentes nombres comerciales y personas jurídicas.

Desde CCOO, y gracias a la fuerza de la viuda, se puso en conocimiento del juzgado, interponiendo hasta seis escritos en los que se solicitaba el embargo de bienes y/o la ejecución de la pena de prisión para ambos condenados. El último escrito se presentó días antes de la prescripción de la pena, pero en junio de 2013 se dictó auto de extinción de responsabilidad penal, quedando libres de cumplir cárcel. Tan solo quedaba interponer un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la Administración de Justicia, resuelto en junio de 2016 y por el que, en espera de ser firme, es el Estado y no los empresarios quien indemniza a la viuda con 10.000 euros.

Este caso, incomprensible e inadmisible, no es un hecho aislado. Año tras año constatamos las dificultades para que se controle, sancione y se ejecuten condenas al empresariado incumplidor, afianzándose cada vez más su impunidad. Un ejemplo claro son las trabas que tenemos para que la Inspección de Trabajo sancione económicamente y, lo que aún es más infrecuente, para que se recaude la sanción por la Administración laboral. En Andalucía estimamos que solo el 30% de las sanciones impuestas son recaudadas. También es difícil lograr que un culpable pague las indemnizaciones por daños y perjuicios porque es práctica habitual declararse insolvente tras una condena. Son indignantes los retrasos en los procesos y las sentencias que se quedan sin ejecutar, porque son de sobra conocidas las dilaciones y disfunciones que existen en los juzgados sociales y penales. Y las diferentes Administraciones, en lugar de solucionar el problema, se han convertido en corresponsables de esta impunidad empresarial: buena prueba de ello son los recortes que ha sufrido la Administración de Justicia en los últimos años.

Desde CCOO vamos a seguir exigiendo la adopción de medidas para acabar con este panorama de impunidad empresarial, para que los trabajadores y las trabajadoras que han perdido la salud o la vida y sus familiares vean resarcido el daño sufrido y acabe la situación de desamparo e indefensión a la que se ven condenados.

* Nuria Martínez Barco es secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Andalucía.