El 8 de marzo vamos a la huelga en protesta por las desigualdades estructurales, las brechas de género y las violencias machistas como forma de visibilizar la precariedad laboral y social que sufren las mujeres. La precariedad laboral va más allá de la temporalidad. La inseguridad y vulnerabilidad de las trabajadoras y trabajadores incluyen algunas dimensiones como la inestabilidad del empleo (temporalidad, pérdida de empleo), la degradación de las condiciones de trabajo (jornada, ritmos, horarios, derechos), insuficiencia de los ingresos para mantener la forma estándar de vida (salario) y la débil cobertura de los mecanismos de protección social, legal y colectiva (acceso a pensiones, desempleo, convenios colectivos). Según información de la Encuesta de Población Activa elaborada por el INE para el último trimestre de 2017, las mujeres tienen acceso en menor proporción a un contrato indefinido que los hombres: casi el 56% de las personas ocupadas con contrato indefinido eran hombres. En la actualidad, el paro entre las mujeres supera los 2 millones. Un porcentaje importante son mayores de 50 años y, por lo tanto, tendrán más dificultades para encontrar un empleo. Más del 70% de las personas ocupadas con jornadas parciales eran mujeres. ¿El motivo? No les queda otra alternativa. En nuestro país, la primera causa para acceder a este tipo de jornada es que no encuentran empleo a tiempo completo, seguido del cuidado de niños y niñas o de personas adultas enfermas, incapacitadas o mayores. Las mujeres siguen ocupando puestos de trabajo en sectores determinados como servicio doméstico, ayuda a domicilio, actividades sanitarias, educación, comercio y hostelería. Con un acceso limitado a los puestos más cualificados, con más responsabilidad y con un salario injusto, teniendo que trabajar 62 días más para lograr el mismo salario anual que un hombre y con una menor protección social, debido al tipo de contrato y de jornada, el acceso a las prestaciones por desempleo, jubilaciones etc. El Tribunal Europeo ha afirmado recientemente que España discrimina a las mujeres con las pensiones al penalizar los empleos a tiempo parcial. A este panorama de condiciones de empleo hay que añadir la discriminación múltiple que sufren las mujeres inmigrantes, con discapacidad o simplemente por su orientación sexual o religiosa y sin tener en cuenta la economía sumergida, mayoritariamente femenina. El empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres que produce la desigualdad de género en el ámbito laboral y social bien merece una huelga en la que exijamos al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la discriminación.
Los daños del trabajo sobre la salud laboral en las estadísticas oficiales
Tal como reflejan los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2017 se ha vuelto a registrar una tendencia al alza de los accidentes de trabajo, con un incremento de alrededor del 5% en el total de los que conllevaron una baja (4,9% en accidentes en jornada y 5,3% en accidentes in itínere). Por gravedad, los que registran mayor incremento son los accidentes graves (7,3%), los leves suben un 5% y los mortales un 1,8%. Un total de 618 personas perdieron la vida trabajando en 2017, número que puede verse incrementado cuando se publiquen los resultados definitivos del año, ya que algunos accidentes registrados inicialmente como graves o leves pueden pasar a considerarse mortales si la persona accidentada fallece. En 2016, el incremento por esa recualificación de la gravedad del accidente fue de un 10%. El índice de incidencia, que expresa la siniestralidad por 100.000 personas ocupadas y en consecuencia neutraliza el incremento que pueda deberse al aumento de la actividad, también ha registrado un aumento en 2017. El incremento acumulado del índice de incidencia de los accidentes desde 2012 (año en el que se registró la siniestralidad más baja en varios decenios) asciende a un impresionante 17% (1,5% para los accidentes mortales en jornada.). El conjunto de estos datos permite concluir que no se sostiene el argumento que vincula el crecimiento de la siniestralidad con la recuperación económica y también que este es más bien efecto de la reforma laboral aprobada a finales de 2012. La apuesta por la precariedad, la desregulación y la flexibilización de derechos se está cobrando un alto precio en pérdidas de salud y de vida de la población trabajadora española.
