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La Audiencia ordena abrir otra vez el caso de las víctimas del amianto
El juzgado de Instrucción número 12 de Valencia ha archivado dos veces el caso del centenar de víctimas del amianto de Unión Naval de Levante, reconvertida ahora en Unión Naval de Valencia. Los afectados, más de una veintena de fallecidos y cerca de cien enfermos, son extrabajadores de los astilleros que durante años estuvieron en contacto con el material sin las debidas medidas de seguridad ni de protección.
Y por dos veces la Audiencia de Valencia ha revocado la decisión. En esta última, además, le envía un 'recadito' a la titular del juzgado: que se ponga a investigar. Le recuerda, en un reciente auto al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, que la discrepancia es «lícita y legítima» pero cuando el tribunal ya ordenó que se investigara lo hizo «para su cumplimiento y no para otra cosa».
La realidad, tal y como reconoce la resolución judicial, es que desde que se anuló el primer sobreseimiento, «la única actividad» del juzgado, aparte de añadir las nuevas denuncias, ha sido «proceder de nuevo al archivo de las actuaciones» sin que se haya practicado «ninguna diligencia de investigación». Entre ellas, por ejemplo, el auto sugiere establecer la relación de causalidad entre la muerte o enfermedad diagnosticada y el trabajo de cada perjudicado en la empresa.
La juez de instrucción decretó el primer archivo al considerar que concurría la excepción de cosa juzgada, tesis que fue avalada por la Fiscalía. El argumento se remonta a una sentencia del juzgado de lo Penal número 2 de Valencia que condenó a los responsables de la empresa por incumplir las medidas de seguridad y no facilitar a los trabajadores la protección necesaria. Varios directivos de la compañía reconocieron ser los autores de faltas y acordaron el pago de 11 millones de indemnizaciones a las víctimas. Fue una de las cantidades más elevadas abonadas por incumplir las normas de seguridad laboral.
La revisión del Reglamento Reach sobre control de sustancias químicas no satisface a los trabajadores
Productos químicos causan al menos 4,9 millones de muertes al año
Químicos sintéticos utilizados en la fabricación de cosméticos, pesticidas, equipos electrónicos y productos de uso cotidiano en el hogar pueden provocar trastornos y enfermedades del sistema endocrino, advierte un reciente informe presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra. La Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMS calculan que los productos químicos provocan al menos 4,9 millones de muertes cada año.
Se estima que en el mundo se utilizan 143 mil productos químicos, pero éstos son solo unos pocos de los que realmente existen, revela el informe “Visión Global sobre los Productos Químicos”, presentado el año pasado por la directora de la división tecnología, industria y economía del PNUMA Sylvie Lemmet.
Cada año ingresan al mercado entre 200 y 300 nuevos productos químicos de gran impacto ambiental, y pese a estar regulados por los Convenios de Basilea, Rótterdam y Estocolmo esos contaminantes se encuentran en el aire, el agua y los alimentos en concentraciones altamente peligrosas para la salud humana y el medioambiente.
El estudio del PNUMA señala que el uso irracional de químicos sintéticos se ha convertido ya en un problema de salud pública en los países del primer mundo, y se advierte un agravamiento de los riesgos en las naciones en desarrollo debido a que la producción, uso y disposición final de esos químicos se ha trasladado a esas regiones, donde las salvaguardas y regulaciones a menudo son más débiles.
Las emisiones de mercurio se duplicaron desde 2005, principalmente en países pobres, y la contaminación con mercurio pone en serio riesgo la salud de 15 millones de humanos, de los cuales tres millones son mujeres y niños, alerta el informe Mercurio: es tiempo de actuar, presentado en la quinta reunión del Comité Negociador Internacional sobre Mercurio (INC5) en Ginebra en enero de este año. (1)
El TS considera accidente de trabajo el suicidio de un empleado expedientado tras una huelga
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha considerado accidente de trabajo el suicidio de un conductor de la empresa municipal de autobuses de Sevilla que se suicidió en su domicilio tras un proceso de estrés y ansiedad derivado del trabajo y después de ser expedientado por incidentes ocurridos durante una huelga.
La decisión beneficia a la mujer y dos hijos de esta persona, que verán elevada la cuantía de sus pensiones de viudedad y orfandad respectivamente, ya que habían sido calculadas por la Seguridad Social como si derivasen de fallecimiento del trabajador por accidente no laboral.
Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Municipal recurrió contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de conceder la pensión correspondiente a un accidente laboral a la viuda e hijos de este conductor, que se suicidó tras padecer ansiedad relacionada con el trabajo.
Aquella sentencia establecía ya que las prestaciones de viudedad y orfandad "a las que dio lugar el fallecimiento de J.L.A.F. derivan de accidente de trabajo". El Supremo la ha confirmado y ha condenando a la parte recurrente --la empresa municipal sevillana-- al pago de las costas
La Justicia española consideró un suicidio como accidente laboral
La Sala de lo Social ratificó la decisión tanto del Juzgado de lo Social 8 de Sevilla como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que entendieron que las prestaciones de viudez y orfandad "derivan de un accidente de trabajo", según reportó la agencia española de noticias Europa Press.
Así, el alto tribunal dio la razón a la viuda del fallecido que demandó a la Mutua FREMAP, Transportes Urbanos de Sevilla, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad Social, quienes consideraban que las prestaciones derivaban de un "accidente no laboral".
En mayo de 2007 el fallecido, José Luis A.F., fue detenido por la policía cuando se disponía a secundar una huelga de trabajadores de la empresa de transportes en la que trabajaba.
Aunque José Luis A.F. fue imputado por estos hechos, no fue reconocido por ningún testigo y se acabó archivando la causa penal.
Asimismo, la empresa decidió abrirle un expediente disciplinario, que cerró en 2009 como consecuencia del archivo del procedimiento penal, que no se le pudo notificar porque ya había fallecido en noviembre de 2008.
Durante el tiempo en el que se tramitaban las causas en su contra, José Luis A.F. inició un proceso de "incapacidad temporal" por un estado de ansiedad.
