Sergio Salas es licenciado en sociología y doctor en Metodología de la Investigación Biomédica y Salud Pública por la Universitat Autònoma de Barcelona. Su tesis plantea la relación entre salud e inseguridad laboral en la población asalariada española utilizando los datos de la Encuesta de Riesgos Psicosociales que ISTAS viene realizando desde 2005. El autor de este trabajo ha publicado sus resultados en revistas de prestigio internacional como el Journal of Occupational and Environmental Medicine. En esta entrevista nos explica algunas de las claves de su investigación y sus principales resultados.
En la presentación de su tesis cita una frase tremenda de Eduardo Galeano: “Hoy en día no hay nada más inseguro que el trabajo” ¿Es el trabajo hoy más inseguro que nunca?
En mi opinión esa frase de Galeano sintetiza todo un conjunto de cambios en el mundo laboral que es difícil resumir en una entrevista. Se podría decir que la flexibilidad ha instaurado la inestabilidad laboral como rasgo fundamental de la relación salarial moderna. Distintas investigaciones plantean y no sin razón que en el mundo postfordista la inestabilidad se ha convertido en la norma porque resulta altamente funcional para mantener a flote este sistema. De hecho una investigación reciente sobre los EEUU muestra que el empleo neto creado entre 2005 y 2015 en ese país se basó en empleos atípicos tradicionalmente más inseguros (subcontratados, autónomos, temporales, trabajadores de ETT, etc.).
Los principales afectados son, con diferencia, los grupos de trabajadores que se han incorporado más tarde al mercado laboral y que ocupan desproporcionadamente esos nuevos puestos de trabajo atípicos, inestables y precarios. En términos sociodemográficos esos trabajadores son en gran medida jóvenes, mujeres e inmigrantes que comienzan su “carrera” laboral en condiciones de partida de clara desventaja. Sin embargo, la inseguridad laboral no sólo afecta a los “nuevos” empleos atípicos que están en aumento, sino que atraviesa distintas formas de empleo anteriormente seguras. De hecho uno de los resultados a destacar de la tesis es que los trabajadores de más edad con empleos más estables y de mayor calidad experimentan altos niveles de preocupación con respecto al mantenimiento del empleo pues son conscientes de que si llegaran a perderlo difícilmente conseguirían otro y menos aún con esas mismas condiciones de trabajo.
¿Podría concretar a qué se está refiriendo cuando habla de inseguridad laboral?
A una dimensión de los riesgos psicosociales. Yo defino la inseguridad laboral de manera amplia como una amenaza a la continuidad del empleo y/o de las condiciones en que se lleva a cabo la actividad laboral. Es decir la amenaza respecto a perder el empleo, a no encontrar otro similar o a experimentar posibles cambios a peor en el salario, el horario, las tareas, el lugar de trabajo, etc. Todas estas amenazas sumen al trabajador en una mayor incertidumbre y preocupación con respecto a las consecuencias que ello desencadenará en su vida (por ejemplo, no poder hacer frente a los gastos básicos de su hogar, no poder combinar su trabajo con sus obligaciones familiares, etc). Esa amenaza es mayor para aquellos trabajadores que tienen pocas posibilidades de encontrar otro trabajo alternativo, ya sea por la situación del mercado de trabajo, por su menor empleabilidad o porque dependen en mayor medida del salario que obtienen por su trabajo para sobrevivir.
Existen otras definiciones más estrechas y más amplias del concepto. Entre las últimas aquellas que incorporan la impotencia o powerlessness que como se imaginará hace referencia a una ausencia de recursos al alcance del empleado que le permitan resistirse a la amenaza del despido. En nuestra investigación hemos utilizado una definición de inseguridad de complejidad intermedia que tiene en cuenta la incertidumbre y la amenaza y trata la impotencia como un elemento relacionado con la inseguridad pero distinto de ella.
¿De dónde surge la idea de relacionar la inseguridad laboral con la salud?
La idea no es nueva. La asociación con salud mental es una de las más estudiadas en relación a los riesgos psicosociales y a la inseguridad laboral. En nuestro entorno, Utzet y colaboradores encontraron que en Catalunya en 2010, los y las trabajadoras expuestas a la inseguridad sobre las condiciones de trabajo tenían un mayor riesgo de sufrir desórdenes psiquiátricos menores. Los mismos autores, entre los que se hallan miembros de ISTAS, encuentran en otro trabajo referido al conjunto de España que esa asociación se intensificó tras la crisis de 2008. Nuestra investigación, con datos de 2016, constata que esa asociación sigue vigente entre la población asalariada en España y que el riesgo de perder el empleo y de no encontrar uno alternativo, se asocian a peores niveles de salud mental. Otras investigaciones sobre precariedad laboral han encontrado resultados muy similares. Además, en nuestra investigación hemos podido constatar que la inseguridad respecto a no encontrar otro empleo en caso de perder el actual, se relaciona con la mala salud general percibida y la inseguridad salarial hace lo propio con síntomas del insomnio. Otros estudios internacionales muestran que los trabajadores expuestos a la inseguridad de perder el empleo son más proclives a padecer problemas cardiovasculares o incluso diabetes.
Usted sugiere que las sucesivas reformas laborales han sido un factor determinante en la inseguridad laboral percibida por la población asalariada española ¿A qué reformas se está refiriendo?
No es el único factor pero han contribuido de manera muy decisiva. Ya en 1984, el gobierno de Felipe González reaccionó a la crisis cambiando la regulación de las relaciones laborales. Ese año se reforma la ley orgánica del Estatuto de los Trabajadores para permitir el contrato temporaly normalizar la jornada parcial. A partir de ese momento se dispara la temporalidad cuya tasa pasa a estar muy por encima de la media de otros países del entorno. La siguiente reforma laboral se produce en 1994 y vino precedida de nuevo de una fuerte recesión económica. Esta reforma abre la posibilidad legal de exigir la adaptabilidad del trabajador en relación a todos los aspectos que configuran la relación laboral (la jornada, las tareas, el espacio geográfico…etc). Teóricamente, se trataba de favorecer la flexibilidad interna para reducir el uso abusivo del contrato temporal o flexibilidad externa. Algo que empíricamente se ha demostrado falso.
En 2010 y 2012 los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy respectivamente aprobaron sendas reformas que rebajaban los criterios para justificar las causas de los despidos procedentes y de las modificaciones de jornadas, horarios, sueldos, ámbitos geográficos o funciones. La de 2012 además facilita las cláusulas de descuelgue, en virtud de las cuales los empresarios pueden incumplir los convenios e introduce una nueva modalidad contractual, el contrato de emprendedor, que permite a las empresas de menos de 50 trabajadores contratar a alguien por un período de prueba de un año durante el que es posible despedirle sin indemnización. El Real Decreto-ley 16/2013 de 20 de diciembre de 2013 cambió las horas extras por las horas complementarias, más baratas, se redujo el preaviso para cambiar el horario y la jornada y se modificó el contrato a tiempo parcial. Esta modalidad de contrato permite al empresario ir modificando la cantidad de horas de jornada a trabajar según sus intereses, desde una cantidad mínima de horas hasta un trabajo casi a tiempo completo. Esta forma de trabajo implica una total disponibilidad del trabajador, dado que el horario y la jornada cambian sin previo aviso. Por otra parte, se atenúan las exigencias causales para considerar procedentes los despidos por causas objetivas, facilitando el despido procedente cuya indemnización se abarata, al igual que la indemnización del despido improcedente y se suprime la necesidad de autorización de la administración laboral para los despidos colectivos. En suma, se debilita la capacidad negociadora de los sujetos colectivos y se reducen e incluso eliminan los mecanismos más relevantes de tutela.
Es decir, las sucesivas reformas han reforzado el control empresarial convirtiendo en legales las modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo lo cual revierte en inseguridad respecto al empleo y las condiciones de trabajo en materias tan importantes como el salario, la distribución de jornada, o la modalidad de contratación. Además, desde la crisis de 2008 los empresarios y legisladores españoles han optado por una estrategia de gestión de la crisis de “devaluación interna” que ha hecho que la producción se retraiga y que los beneficios se recuperen sin crear ocupación. Los beneficios empresariales quedan “fijados” mediante un mecanismo amplio de externalización de las pérdidas hacia la fuerza de trabajo. En definitiva, el coste de la crisis se ha desplazado a la parte más débil de la cadena, creando inseguridad entre los trabajadores.
Es decir, tener empleo no siempre proporciona seguridad…
Efectivamente, hay una gran cantidad de contratos temporales y la duración de los mismos está en claro retroceso. En 2016, la media de duración de los contratos temporales era de 53 días, es decir, menos de dos meses. Ocho años antes la duración media era de 78 días. Los contratos de menos de un mes alcanzaron los 7 millones y los de un solo día han seguido creciendo. Nadie que tenga un empleo de este tipo puede sentirse seguro.
España es además uno de los países con menores índices de transición de empleo temporal a indefinido, con periodos de tránsito muy largos y tasas de temporalidad elevadas en grupos de edad avanzada. Esto no solo se explica por una estructura productiva sesgada hacia las ocupaciones manuales, con un déficit del empleo público y un mayor peso del empleo estacional (turismo). La prueba es que en todas las actividades del sector terciario y primario las tasas de temporalidad son más elevadas que en los países del entorno. La explicación del exceso de temporalidad hay que buscarla también en unas determinadas prácticas de gestión de la mano de obra que basan su competitividad en los bajos costes del trabajo. La temporalidad convierte la continuidad de la relación laboral en una concesión empresarial. A partir de la amenaza del despido/finalización de contrato los empresarios españoles logran acceder a determinados usos de la mano de obra a un coste muy bajo. Es una forma de disciplinamiento de la mano de obra.
Por último, la temporalidad y la corta duración de los contratos conllevan una elevada rotación laboral. La suma de altas y bajas en la seguridad social a lo largo del 2015 alcanzó los 40 millones de movimientos, cifra que multiplica por 87 el incremento neto de la afiliación. Por eso en estos últimos años el aumento de contratos no se ha traducido en un aumento proporcional de la ocupación. Esta rotación no implica sólo cambiar de empleo sino pasar del empleo al desempleo y viceversa. Por eso creemos que es muy importante remarcar que la inseguridad laboral no solo tiene que ver con tener un empleo más o menos fijo sino también con la dificultad de encontrar un empleo alternativo en caso de perder el actual.
Frente a esta nueva realidad, los sistemas de protección se han quedado desfasados. Así como la seguridad económica se halla cada vez menos garantizada por la participación en los mercados de trabajo, en la medida en que cada vez menos gente puede acceder a ellos y accede en peores condiciones, el acceso a la protección basado principalmente en el empleo y la “ciudadanía laboral” tienen cada vez menos sentido en un mundo donde el empleo estándar es cada vez más escaso.
¿Cómo se ha medido esa inseguridad laboral en su trabajo empírico?
Los datos provienen de la tercera edición de la Encuesta de Riesgos Psicosociales (ERP2016) que se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2016, financiada por los fondos públicos de I+D+I del ISCIII, a través de un proyecto de investigación liderado por miembros de ISTAS. El objetivo de la ERP2016 fue, entre otros, caracterizar la exposición a los riesgos psicosociales de la población asalariada de España. Se utilizó la versión 3 del Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ), un instrumento para la investigación y evaluación psicosocial, con un respaldo empírico importante a nivel internacional y bien conocido en este país. Como en las ediciones anteriores, la muestra de la ERP2016 es representativa de la población asalariada de España, ya que es la base para los valores de referencia que utiliza la metodología de evaluación COPSOQ para medir la exposición. . La muestra se compone de 1807 individuos y obtuvimos una tasa de respuesta del 70.1%. Cabe remarcar que una parte de la muestra aceptó permanecer en el estudio y se les ha vuelto a preguntar durante dos años consecutivos.
En la investigación evaluamos la inseguridad percibida, es decir la valoración del trabajador con respecto a su propia situación o grado de inseguridad preguntando por la probabilidad de que se produzca el evento al que está referida la inseguridad y la valoración emocional, es decir preguntando por la preocupación que ello provoca. La literatura especializada suele referirse a la primera forma como inseguridad cognitiva y a la segunda como inseguridad afectiva. Un ejemplo de pregunta para medir la inseguridad cognitiva sería ¿cuán probable es que le despidan o no le renueven el contrato? Un ejemplo de pregunta para medir la inseguridad afectiva sería ¿Cuán preocupado está por si le despiden o no le renuevan el contrato? Para cada uno de los dos componentes, cognitivo y afectivo, se realizó una batería de seis preguntas sobre despido, encontrar otro trabajo si fuera despedido , modificación de tareas, modificación de horarios, de salario o traslado forzoso.
La ERP2016 incluye además una serie de indicadores sobre condiciones de trabajo directamente relacionados con la inseguridad de forma que algunos se refieren a ellos como indicadores de inseguridad “objetiva” o atribuida. Entre ellos destaca el tipo de contrato (o la ausencia del mismo), el hecho de trabajar en una empresa en la que se han producido despidos o el haber estado desempleado en algún momento durante los 12 meses previos. Dichos indicadores de inseguridad atribuida también se tienen en cuenta en la investigación, tanto en su relación con la inseguridad percibida como con los indicadores de salud estudiados.
¿Qué indicadores de salud ha utilizado?
En la investigación se han medido tres dimensiones de la salud: la percepción del estado general de salud mediante una pregunta única ampliamente utilizada que es “¿Cuál diría que es su estado de salud general?”. Este indicador ha demostrado ser un buen predictor de enfermedades graves e incluso mortalidad. También se midió la salud mental, en este caso a través de varias preguntas incluidas en una subescala del instrumento SF36. No se trata por tanto de un diagnóstico clínico de salud mental sino de una medida auto-informada, que no obstante cuanta con un amplio reconocimiento y respaldo empírico, y que además ha sido anteriormente validada en España. Finalmente exploramos la relación de la inseguridad laboral con cuatro indicadores comúnmente utilizados para medir la calidad sueño: problemas para quedarse dormido, despertarse varias veces en mitad de la noche, despertarse demasiado pronto y tener un sueño no reparador.
¿Cuáles son los principales resultados obtenidos?
La exposición a inseguridad laboral percibida provoca en general un incremento del riesgo de padecer problemas de salud mental: entre un 30 y un 50 por ciento más una vez controlados todos los factores que pueden distorsionar dicha relación. También provoca, aunque en menor medida, un incremento del riesgo de padecer una mala salud general y experimentar problemas de sueño. Asimismo, trabajar en empresas donde se han producido despidos en el último año es un factor de riesgo a tener muy en cuenta. Finalmente, observamos que los trabajadores provenientes de hogares con dificultades económicas para llegar a final de mes, tenían un riesgo muy superior de experimentar los problemas de salud mencionados.
También observamos que los y las trabajadoras de mayor edad están muy preocupadas por la posibilidad de no encontrar otro trabajo, a pesar de que en general perciben pocas probabilidades de que vayan a perderlo. Además, la preocupación por perder y/o empeorar el empleo supera a las probabilidades percibidas de que alguno de esos eventos llegue a producirse. Es decir, que la preocupación no afecta solo a los más “objetivamente” precarios sino que se extiende a otras capas de trabajadores mejor posicionados en el mercado de trabajo. Ambos resultados seguramente tienen que ver con la situación del mercado laboral en España, sus altos índices de desempleo y la mala calidad de los nuevos empleos en términos de condiciones de trabajo que se crean tras la crisis de 2008.
La preocupación por cada uno de los seis aspectos del empleo analizados como inseguros aumenta cuando incrementan las probabilidades de que estos empeoren o desaparezcan uno a uno. En general las personas preocupadas por perder su trabajo, también están preocupadas por que les bajen el salario, empeore su horario o no puedan encontrar otro trabajo. Asimismo, los que tienen altas probabilidades de perder su trabajo suelen tener también altas probabilidades de empeorar sus condiciones pero en cambio no tienen por qué ser los mismos que experimenten un riesgo elevado de no encontrar un trabajo alternativo. Quizá, y esto hay que seguir investigándolo, porque es más fácil conseguir un trabajo temporal o precario que uno de más calidad.
¿Qué aplicación práctica tiene esta investigación?
Identificar la inseguridad laboral como un riesgo psicosocial y mostrar que afecta negativamente a la salud de la población asalariada española permite, de acuerdo con la legislación vigente, intervenir en el problema desde un lugar clave como es la empresa en el marco de las relaciones laborales. Entender la inseguridad como un factor de riesgo psicosocial, modificable por tanto, permite evaluar su magnitud y actuar consecuentemente para eliminar el riesgo o reducir al mínimo su exposición o presencia. Independientemente de lo anchos o estrechos que sean los márgenes de actuación, debemos aprovechar todas las oportunidades disponibles para intervenir en favor de la salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores y ello pasa por una acción sindical y de prevención decidida y valiente.
También nos muestra que las políticas para luchar contra la inseguridad y sus nocivas consecuencias para la salud deben prestar atención a todos los elementos que configuran esa inseguridad y no centrarse únicamente en uno de ellos pensando que son vasos directamente comunicantes.
