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Los nuevos partes de baja por incapacidad temporal: una reflexión sobre los cambios

Vie, 15/04/2016 - 12:19
VALERIA UBERTI-BONA Y JAIME GONZÁLEZ
Entrevista

Cada vez que se aborda un cambio en la gestión de las bajas por incapacidad temporal, se desarrolla una lucha entre intenciones divergentes, representativas, grosso modo, de los intereses propios de los diferentes colectivos implicados. Los discursos explícitos no presentan grandes diferencias: las personas que trabajan tienen derecho a asistencia sanitaria de calidad e ingresos sustitutorios del salario cuando no pueden trabajar por enfermedad o accidente común. Sin embargo, hay un discurso subyacente que ha calado profundamente en el empresariado y en parte de la Administración pública que, simplificando y quitando todo vestigio de “políticamente correcto”, se puede resumir así: los trabajadores y las trabajadoras, con más frecuencia de la aceptable y con la connivencia de los médicos del sistema público de salud, simulan una enfermedad que no tienen, o una mayor gravedad de la que tienen, con la finalidad de cobrar estando en casa, cuando su estado de salud realmente no justifica que no vayan a trabajar.

El discurso de la gente que se aprovecha de las prestaciones sociales ni es nuevo, ni se limita a la incapacidad temporal, por supuesto. La factura anual del subsidio de IT por enfermedad común es demasiado elevada como para que los adalides de los recortes no se fijen en ella y busquen pretextos para reducir un gasto tan directamente vinculado a la sostenibilidad de las economías de la gente trabajadora.

La verdad es que la última reforma de su regulación data del verano de 2014 y no hay novedades de ultimísima hora. Pero también es verdad que solo desde diciembre de 2015 los cambios introducidos por esa reforma en los partes de baja han llegado a la consultas de atención primaria y a afectar la vida de quienes están de IT, por eso es una buena oportunidad para repasar la filosofía de la reforma de 2014, el estado actual de la cuestión y fijar posiciones.

Para empezar con una buena noticia, los nuevos partes reducen el número de veces que hay que acudir a los centros de salud para recoger los partes de confirmación. También parece una mejora la cobertura que se da para ausencias inferiores a cuatro días, que antes se sorteaban con prescripciones facultativas de “reposo en domicilio” extendidas pero un poco “alegales” (ver cuadro 1) .

En el plano negativo, lo que llama la atención del Real Decreto 625/2014, y de la normativa anterior que lo justifica, es la profunda y ofensiva desconfianza que exuda hacia los médicos del sistema público de salud, que ven puesto en tela de juicio su criterio médico sobre la enfermedad de la persona que atienden una y mil veces.

Desde hace años, el personal médico de las entidades que se tienen que ocupar del pago de la prestación económica tiene permiso de husmear en las historias clínicas de los y las beneficiarias, pero la costumbre no puede adormecer la indignación ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tenemos a profesionales sanitarios que dedican tiempo no a curar, no a sanar, sino a revisar, a fiscalizar, a investigar el trabajo de otros profesionales que además son empleados y empleadas públicas? ¿No es un derroche de su saber y su competencia? Y eso que lo estamos mirando solo desde el punto de vista del uso adecuado de los recursos de un país, sin ocuparnos de la vertiente, nada baladí, del derecho a la privacidad y a la dignidad de los pacientes.

Parece como si, agotada la imaginación sobre cómo desanimar a las personas enfermas con la generalización de la obligación de acudir a todas las revisiones médicas a las que les convoquen las entidades que gestionan la IT (eso significa entidades responsables del pago, o sea entidades cuyos desvelos deberían ir dirigidos a gestionar correctamente el pago, no a evitarlo), se ha decidido concentrar la atención sobre los “cómplices necesarios”, sobre el personal médico del servicio público de salud. Y en este sentido, el castigo para este colectivo viene por la vía de requerirles informes y papeleo, cuando es sobradamente conocido que están ya desbordados por su labor asistencial: en una baja larga, con una duración cercana al tope de los 365 días, pasan de una situación en la que tenían que elaborar dos informes al año a otra en la que se les requieren entre ocho y nueve informes:

 

  • En los procesos que duren más de 30 días, deben cumplimentar un extenso informe sobre “las dolencias padecidas, el tratamiento médico prescrito, las pruebas médicas en su caso realizadas. La evolución de las dolencias y su incidencia sobre la capacidad funcional…”, que deberán actualizar cada dos partes de baja (o sea, cada 56 días o menos).
  • Además, trimestralmente, deberán expedir (se intenta involucrar la inspección médica probablemente para obtener un efecto intimidatorio complementario) otro ”informe de control de la incapacidad, en el que deberá pronunciarse expresamente sobre todos los extremos que justifiquen, desde el punto de vista médico, la necesidad de mantener el proceso de incapacidad…”
  • En general, cuando las mutuas hacen propuesta de alta, para mantener la situación de baja deben realizar un informe motivado y remitirlo a la inspección médica y a la mutua.

También puede ser polémico el uso de “unas tablas de duración óptima de los distintos procesos patológicos susceptibles de generar incapacidades, así como tablas sobre el grado de incidencia de los mismos en las distintas actividades laborales” elaboradas por el INSS y puestas a disposición como referencia para el personal médico que tiene que fijar la “duración estimada” de un proceso de baja. Hay que asegurarse que el criterio médico prima siempre sobre el de las “tablas”, evitar automatismos que sustituyan las tablas al conocimiento clínico y no olvidar que la estandarización elimina e invisibiliza la desigualdad. El malestar y la indignación de la profesión médica frente a estas prácticas también se han recogido en repetidas ocasiones en porExperiencia, y de forma más exhaustiva en el número de marzo de 2014, precisamente a propósito de la reforma anunciada de la IT.

No estamos de acuerdo con las ideas implícitas que están inspirando las reformas de la IT en los últimos veinte años. A la vista de la evolución del gasto por IT, parece que ni implicar a las mutuas en la gestión, ni obligar a la gente a someterse a reconocimientos médicos “fiscalizadores” , ni agobiar al personal médico con trabajo administrativo hayan servido para reducir costes. Se está humillando, sí, pero no se está ahorrando. El presumible fraude que sirve de excusa para estos cambios sencillamente no existe. Los datos parecen indicar que no hay nada que ahorrar, que todas las prestaciones que se otorgan sirven para proteger estados de necesidad realmente existentes (que es para lo que se creó la Seguridad Social, no olvidemos). Nosotros confiamos en el personal facultativo de nuestro sistema público de salud, entendemos que antes de intervenir hay que escuchar lo que tienen que decir sobre el sistema y sus propuestas para mejorarlo. Preferimos que se utilicen los recursos para dar formación y apoyo al colectivo, con el objetivo de que puedan desempeñar mejor su función, y nos parece aberrante el amplio, extendido y costoso sistema de controles, revisiones y fiscalizaciones puesto en pie desde una visión que criminaliza al personal sanitario y a las personas enfermas que atienden.