Tres de cada cuatro participantes en la encuesta COTS (75,6%) manifiesta preocupación por la dificultad de encontrar un nuevo trabajo en caso de quedarse en paro. Frente al COVID-19, dos de cada tres participantes (68%) manifiesta su preocupación por infectarse por coronavirus en su lugar de trabajo, y un porcentaje ligeramente superior, el 72,3%, por la posibilidad de ser ellos o ellas quienes contagien a otra persona. La encuesta COTS ha sido realizada por ISTAS-CCOO y el grupo POWAH de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La encuesta COTS entre la población asalariada española se realizó entre el 29 de abril y el 28 de mayo y participaron 20.328 personas que disponían de un trabajo asalariado con fecha 14 de marzo. Sus resultados han sido ponderados atendiendo a los valores género, edad y grupo ocupacional de la EPA del primer trimestre de 2020, por lo que pueden ser tomados como valor informativo para la población asalariada española. El informe completo con los primeros resultados y la metodología utilizada se puede consultar en la web de ISTAS-CCOO.
Los resultados apuntan que el 69,7% de los y las trabajadoras están preocupadas por la disminución de sus salarios (figura 21), y tres de cada cuatro (75,6%) manifiestan su preocupación por la dificultad de encontrar un nuevo trabajo en caso de quedarse en paro. Se trata de dos valores que hablan de la necesidad de mantener unos ingresos y la preocupación que genera que estos desaparezcan. Así mismo, más de la mitad de la población asalariada muestra preocupación por el cambio de horarios (54,5%) y de tareas (52,7%).
Con las reformas laborales como telón de fondo
Clara Llorens Serrano, una de las investigadoras de ISTAS-CCOO que ha participado en el estudio y que es también profesora de sociología en la UAB afirma que “vivimos en un país en el que la destrucción de empleo es muy importante en las fases descendientes del ciclo económico y que no se recupera, o se recupera mucho más lentamente, cuando la economía crece. De ahí la preocupación por la posibilidad de no encontrar empleo de las personas participantes en la encuesta si perdieran el suyo”. Por otra parte, la socióloga plantea que las sucesivas reformas legislativas han ido aumentando la discrecionalidad empresarial relativa a condiciones de trabajo, que permite exigir una disponibilidad cada vez mayor a trabajadores y trabajadoras con importantes efectos negativos en nuestras condiciones de vida, por ejemplo los límites a los cambios en la jornada o tareas son mínimos y siempre para adaptarse a las necesidades empresariales”. Llorens explica este punto mientras se refiere a las reformas laborales que han afectado a la distribución irregular de jornada, introduciendo la unilateralidad o del contrato a tiempo parcial, y aumentando las horas a disposición del empresariado, con un preaviso de 3 días: “De ahí la preocupación por el cambio de estas condiciones de trabajo que siempre son a peor para las personas trabajadoras”. Finalmente, Llores apunta que “la preocupación por la reducción de salario tiene que ver con el hecho de que los salarios en este país ya son muy bajos, con lo que una reducción podría conllevar no poder atender a las necesidades básicas del hogar. Una realidad que han vivido numerosos trabajadores y trabajadoras tras las reformas del gobierno Rajoy que facilitaron el descuelgue salarial a la baja de las empresas”.
Mayor preocupación entre las personas con salarios más bajos
Sergio Salas, doctor en Salud Pública y otro de los investigadores que ha coordinado esta investigación, señala que “la encuesta muestra un gradiente económico constante en la percepción de inseguridad, de manera que las personas con un salario que no permite cubrir las necesidades básicas tienden a estar sistemáticamente más preocupadas ante una posible pérdida del empleo o un empeoramiento de las condiciones de trabajo”. "Concretamente -señala Salas- la inseguridad respecto a perder el empleo es un 17% más elevada en el grupo de trabajadores con salarios insuficientes que en el grupo de trabajadores con salarios más elevados. Esto tiene que ver, por un lado, con la alta correlación que existe entre cobrar poco y tener una baja protección frente al despido, que es lo que se entiende por precariedad laboral, la mayor parte de las veces. Por otro lado, tiene que ver con el nivel de dependencia económica respecto al salario y los eventos que puede desencadenar la pérdida del empleo entre la población más vulnerable. La magnitud de estos últimos no es la misma para todos los trabajadores y trabajadoras. Es lógico que quienes parten de una situación de desventaja (bajos ingresos, pocos ahorros, etc.) tengan mayor preocupación. Así pues, la pandemia, lejos de “aplanar el gradiente social” de las exposiciones a riesgos laborales y de salud lo ha mantenido, si es que no lo ha exacerbado".
Sergio Salas añade que, “la alta inseguridad percibida y mantenida en el tiempo es un importante riesgo para la salud de quien la padece puesto que nuestro organismo no está preparado para resistir largos periodos de estrés crónico. Además de esta vía directa existen otras vías indirectas que entrañan graves riesgos para la salud y la seguridad de los y las trabajadoras. Por ejemplo, si estás desesperado por mantener tu trabajo es posible que arriesgues más, tomes menos precauciones, vayas a trabajar con síntomas o renuncies con más facilidad a ejercer tus derechos" concluye este investigador.
Despidos, no renovaciones y ERTES
Un 5,7% de los y las participantes han perdido su empleo desde el comienzo de la pandemia. La mayoría, 3,8% (figura 18) han sido despedidos y un 1,9% debe esa pérdida a que no le han renovado el contrato. Los hombres se han visto ligeramente más afectados por la destrucción de empleo que las mujeres pero donde más diferencias se observan es en la edad: los jóvenes han sido claramente los más perjudicados. Entre las personas de menos de 25 años la pérdida de empleo alcanzó el 17% (11,4% por despido y 5,6% por no renovación); por otro lado, mientras entre los y las trabajadoras de 16 a 34 años perdieron el empleo el 10% (6,6% de despidos y 3,4% de no renovaciones), los y las trabajadoras de 50 años o más, un 3,2% ha perdido su empleo. Para los puestos manuales también se observa un mayor porcentaje de destrucción de empleo: los despidos alcanzaron el 5,1%, frente al 2,4% de los puestos no manuales (técnicos, supervisores, directivos, etc.).Aproximadamente uno de cada cuatro participantes en la encuesta COTS (26,2%) se vio afectado por un ERTE durante el estado de alarma.
