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Trabajar bajo la amenaza constante de una sanción

Lun, 15/04/2013 - 12:20
BERTA CHULVI
Dossier

A los pocos días de aprobarse la reforma laboral cambió la política de recursos humanos de una empresa de telemarketing de Sevilla, cuyos delegados prefieren no mencionar porque se encuentran en plena negociación para revertir la situación. Los trabajadores y trabajadoras entraron en un túnel infernal que les puso cada día en una tensión insoportable: 99 sanciones y 22 despidos disciplinarios de febrero a marzo. Los representantes sindicales solo encuentran una explicación a esta locura: "Con la desaparición de los salarios de tramitación, a la empresa le da igual que se declare el despido como improcedente. Le sale más barato tirar a los trabajadores a la calle. Y lo que se incrementa es la exposición a riesgos psicosociales de toda la plantilla".

Aunque los distintos gobiernos se empeñan en no verlo, muchas investigaciones han demostrado que toda pérdida de derechos de los trabajadores y trabajadoras es un incentivo clarísimo para que las empresas pongan en marcha políticas de gestión de la mano de obra que acaban teniendo consecuencias muy nocivas para la salud de los trabajadores y trabajadoras. El caso de esta empresa multinacional en su sede sevillana es una clara muestra de ello. La salud psíquica y física de sus trabajadores y trabajadoras está gravemente amenazada por una política de recursos humanos que ha visto en la desaparición de los salarios de tramitación de la última reforma laboral una oportunidad para abusar de los despidos disciplinarios. El resultado es una escalada enloquecida de sanciones que pone cada día a los trabajadores al borde del precipicio: lágrimas, ataques de ansiedad, insomnios y problemas gastrointestinales están a la orden del día, pues son los primeros efectos de los trabajadores que reciben un trato injusto.

El relato de Macarena, delegada sindical en el centro de la empresa en Sevilla, parece ciencia ficción, pero es el día a día de estos trabajadores: "Desde la entrada en vigor de la reforma laboral hasta este mes de marzo llevamos 99 sanciones calificadas como graves y muy graves y 22 despidos disciplinarios como consecuencia de faltas graves, es decir, sin ningún tipo de indemnización. Casi todas estas sanciones se han producido en un departamento en el que actualmente trabajan una media de 150 personas entre trabajadores propios y de tres diferentes empresas de trabajo temporal. Los trabajadores de esta campaña han de conseguir que los clientes de una compañía de servicios de Internet y telefonía no se den de baja y se les marca unos objetivos en esa tarea. Si no consiguen esos objetivos, la empresa va a considerar que están lesionando intencionadamente sus intereses y les va a sancionar".

Los miembros del comité de empresa reciben una copia de las sanciones graves, por lo que Macarena puede dar cuenta de las razones que argumenta la empresa: "La empresa aduce que les sanciona con falta grave o muy grave por no llegar a las ratios o porcentajes de ventas que la empresa estipula mensualmente". Para considerar que no llegar a las ratios es una falta de disciplina, la empresa se remite a los artículos 66.4 y 66.6 del convenio estatal de Contact Center que afirman lo siguiente: "La desobediencia a los superiores en materia de trabajo y la réplica descortés a compañeros, mandos o público. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, compañeros de trabajo o público, se reputará como falta muy grave. La voluntaria disminución de la actividad habitual y la negligencia en el trabajo que afecta a la buena marcha del servicio se computarán como falta grave”.

El día a día de los trabajadores es un infierno: "Por olvidar codificar una llamada recibida o codificarla de forma errónea te colocan una falta grave", explica Macarena."No hace falta que sea una conducta repetida "añade", solo con que se olvide una vez ya te suelen sancionar, en este caso lo hacen basándose en el artículo 66.4 de nuestro convenio". Las amonestaciones van desde una por escrito que le entregan al trabajador hasta suspensiones de empleo y sueldo de 1 a 15 días e incluso el despido". Hay trabajadores que algunos meses no han podido pagar su hipoteca porque se les ha puesto una sanción de 15 días y otros que se han visto despedidos.

Un día me premian, al siguiente me sancionan

La ausencia de control sobre las propias vidas laborales y la pérdida de sentido del trabajo se ha complicado todavía más, pues junto a esta política sancionadora, la empresa ha puesto en marcha una forma de incentivar a los trabajadores y trabajadoras bastante singular: “Lo que hacen –explica Macarena– es adornar la plataforma con guirnaldas de colores, etc., y proponer a los trabajadores, por ejemplo, que vengan disfrazados en Carnaval, Halloween, Navidad, etc. Y si el día les ha ido bien, los obsequian con diplomas, tarjetas de El Corte Inglés de pequeñas cantidades, etc.”.

El testimonio de Macarena dibuja un paisaje arbitrario típico de una tragicomedia que no puede dejar a nadie impasible: "La situación es que los trabajadores llegan todos los días al trabajo con la incertidumbre y la angustia de no saber si ese día le darán una sanción, un premio o ninguna de las dos cosas. Se da continuamente el caso de una persona que ha sido obsequiada con un diploma o algún premio, y dos días después recibe una sanción con suspensión de empleo y sueldo porque ese día no le hayan ido bien las retenciones. Imagina el nivel de estrés y angustia con que trabajan estos compañeros que llevan casi un año en esta situación", concluye Macarena.

La delegada explica que a lo largo de este año hay al menos cinco trabajadoras diagnosticadas de ansiedad que están acudiendo al trabajo con medicación, otras dos trabajadoras con diagnóstico médico también de depresión: “Una de ellas estuvo de baja, pero como la Seguridad Social está como está, le dieron el alta al poco tiempo”, afirma Macarena. La delegada describe las condiciones de trabajo: “El día a día de la plataforma es ver a gente llorando en los pasillos cada turno porque el estrés de estar todo el tiempo esperando una sanción o un despido les puede y, por supuesto, casi la totalidad de compañeras y compañeros de ese servicio nos indica que todo esto les está afectando seriamente en su vida personal. Hay una compañera en concreto que casi todas las mañanas comienza el día buscando a algún delegado o delegada sindical para saber dónde está y avisarlo si la sancionan ese día”. El ambiente de trabajo llegó a ser tan agobiante y nocivo para la salud de los trabajadores y trabajadoras que, ante la negativa continuada de la empresa de cesar con estas prácticas, el comité de empresa convocó paros de media hora todos los días a toda la plantilla de la empresa, del 18 al 22 de febrero, y se planteaba volver a realizarlos, esta vez durante una hora, todos los días, hasta obligar a la empresa a cambiar de política. Los representantes de los trabajadores exigieron que se realizara una evaluación de riesgos psicosociales. La empresa aplicó el método F-PSICO 3.0, del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, a pesar de que los delegados de prevención de CCOO explicaron las ventajas de aplicar el COPSOQ-ISTAS 21. Los resultados de dicha evaluación aún no les han sido entregados. Finalmente, el seguimiento de la huelga, y la persistencia de la plantilla en continuar con los paros, hizo que la empresa haya aceptado cambiar su política disciplinaria y retirar la mayoría de las sanciones impuestas, estando en negociaciones de cómo llevar a cabo la medida.

Los efectos perversos de la reforma laboral

José Antonio Pérez, secretario de Organización de la agrupación de Telemarketing de COMFIA Andalucía, tiene claro que estas conductas arbitrarias de las empresas están ligadas a la reforma laboral: “La supresión de los salarios de tramitación supone un traspaso clarísimo de rentas desde los trabajadores a las empresas. En caso de que el despido sea considerado improcedente, la empresa tendrá que pagarle la indemnización, pero no los salarios de tramitación, por lo que la operación le sale rentable a estas empresas. Por ejemplo, a un trabajador con unos cinco años de antigüedad que cobra 800 euros al mes y al que el juicio le tarda en salir unos diez meses, la empresa le paga entre 6.000 y 7.000 euros de indemnización donde debía pagarle 14.000 o 15.000 si le abonara estos salarios”.