Sin los trabajadores del sector de conservación, mantenimiento y explotación de carreteras, comúnmente conocidos como COEX, la seguridad vial de todos los conductores y conductoras se vería gravemente comprometida. Ellos son quienes mantienen las carreteras en condiciones para evitar accidentes, pero lo hacen a un precio muy alto: se juegan la vida cada día, poniendo señales, reparando vallas o desbrozando arcenes. Las cifras son escandalosas y sólo se explican como resultado de una ausencia casi total de medidas preventivas en las empresas del sector. CCOO ha iniciado una ronda de entrevistas con las administraciones públicas exigiendo un actuación urgente y eficaz que evite esta sangría.
El pasado 6 de febrero, un operario de 27 años falleció en Ibi (Alicante), a las 15.30 de la tarde, al ser atropellado por un coche en una carretera comarcal cuando realizaba trabajos de conservación de vías para una subcontrata de la empresa Pavasal. El fallecido se encontraba realizando tareas de señalización: sujetando la bandera que avisa de la zona de obras, cuando fue arrollado por un turismo. Unas horas antes, de madrugada, en Talavera de la Reina (Toledo), se producía otro accidente que podría haber resultado mortal: un camión arrolló una furgoneta de una empresa de mantenimiento pero la suerte quiso que el trabajador avistara el peligro con tiempo suficiente para saltar la valla y salirse de la carretera.
En diciembre, el fallecido fue un trabajador de 48 años. Perdió la vida en el municipio leonés de El Burgo Ranero, tras ser arrollado por un camión en la autovía A-231 mientras realizaba tareas de mantenimiento. En noviembre, un trabajador de 41 años falleció arrollado por un vehículo mientras retiraba un panel informativo de CV-36 en la localidad de Torrent (Valencia). El conductor atropelló de manera tan violenta al operario que salió despedido unos 30 metros, ante la atónita mirada de otros tres compañeros. En octubre, en Galdar (Las Palmas de Gran Canaria) se produjo otro accidente mortal: a las cuatro y media de la madrugada, un operario de carreteras de 44 años y un compañero suyo se dirigían a señalizar el tramo del kilómetro 30,4 de la autopista GC-1. El objetivo era realizar unos trabajos de mantenimiento, pero el conductor de un coche Fiat Tipo no se percató de la presencia de ambos en mitad de la calzada y los atropelló, con el resultado de muerte del primero y herido grave del segundo. Ese mismo mes otro operario de carreteras había muerto en las Islas Canarias, atropellado en el nuevo túnel de la carretera de La Aldea: un conductor no se percató de la señalización de las obras.
Todos estos casos aparecen en una pequeña búsqueda en la prensa diaria. No hay estadísticas oficiales porque las empresas que contratan, con las distintas administraciones públicas, la realización de estas tareas, se encuadran en diferentes epígrafes de actividad. En la Federación de Construcción y Servicios de CCOO estiman que en 2017 murieron 10 operarios de mantenimiento de carreteras arrollados mientras realizaban su trabajo. En 2018, han fallecido 8 trabajadores sobre un total de 10.000 que trabajan en el mantenimiento y explotación de carreteras. Si en el sector de la Construcción es donde más accidentes mortales se producen, en el subsector de mantenimiento de carreteras el índice de siniestralidad se multiplica por 10 debido a los constantes atropellos.
José Luis Colomer, responsable de Salud Laboral de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO hace un diagnóstico rápido de la situación: “la normativa sobre señalización está obsoleta y las prácticas de las empresas en cuanto a los protocolos a seguir dejan mucho que desear. España está a años luz de las precauciones que se toman en países como Holanda o Austria. Las empresas no siguen protocolos dirigidos a proteger la vida de los trabajadores. En otros países muchas operaciones de mantenimiento y conservación de carreteras se realizan con vehículos cuyo objetivo es proteger a los trabajadores, aquí se ponen los conos a mano, se cruza las carreteras corriendo de un extremo a otro, por la noche, para doblar las señales, mientras los vehículos de los usuarios, turismos o de mercancías, discurren a gran velocidad por la calzada”.
Las empresas derivan la responsabilidad a los conductores
La última campaña que ha lanzado la patronal del sector, ALVAC, traslada toda la responsabilidad a los conductores individuales que circulan por las carreteras como si las empresas no tuvieran la obligación de poner en práctica medidas preventivas que protejan la salud de sus trabajadores. Con el lema “En la carretera, no estás sólo” se pone todo el acento en el que atropella y se olvida que los trabajadores ejercen su trabajo en pésimas condiciones porque la normativa y los protocolos de actuación están anticuados, pero sobre todo, porque las empresas no ponen ningún interés en velar por la seguridad de los trabajadores. Las condiciones en las que se producen los accidentes apuntan precisamente a que la causa de los mismos es la falta de medidas preventivas. En la mayoría de ocasiones los accidentes por atropello se derivan de la falta de recursos humanos y materiales para poder realizar los cortes de carril en unas condiciones mínimas de seguridad.
El marco de referencia de las empresas es una normativa del Ministerio de Fomento, concretamente la «Norma 8.3-IC Señalización de obras » de 1989 y dos manuales con ejemplos de señalización en obras fijas y señalización móvil, ambos de 1997. En esta documentación, ya obsoleta, se indican los elementos de señalización que hay que instalar y su ubicación, pero no se establecen procedimientos de trabajo seguros para colocar y retirar las señales. Muchas veces, la aplicación de estos protocolos es insuficiente para proteger a los trabajadores porque existen tramos de carreteras con anchos de arcenes inferiores a 1,50 metros y autovías con anchos de arcén interior casi inexistentes. Y lo más grave es que, aún siendo insuficientes, ni siquiera se cumplen. Nos lo explica una trabajadora de una empresa del sector que se dedica al control de túneles: “La mayoría de señalizaciones para el corte de carreteras en los túneles se realizan por la noche y las hace el vigilante de noche sólo, alguien que en su puesto de trabajo no tiene definidas estas tareas. Le pedimos a la empresa que dedicara más personal a esta acción tan peligrosa porque el trabajador, si va sólo, corre más riesgos. La empresa se rió de nosotros y nos respondió que porque los conos los ponga más gente no iba a ser menos menos peligroso. Al poco tiempo nos llegó un manual de procedimientos de la empresa en el que se señalaba que en esa actividad de señalización han de estar, como mínimo tres personas. Es evidente que no se está cumpliendo”. Un caso similar ha sido denunciado antes la Inspección de Trabajo de Asturias y está en estos momentos pendiente del informe del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
La antigüedad de los vehículos es también un riesgo para los trabajadores. El pasado mes de octubre CCOO-Aragón planteó una denuncia y la Inspección de Trabajo inmovilizó 12 camiones de mantenimiento de carreteras de la Diputación General de Aragón por su "lamentable" estado: “Según CCOO-Aragón, la flota de vehículos con la que cuentan los cerca de 400 trabajadores de los 23 parques de maquinaria del servicio propio de conservación de carreteras de la Diputación General de Aragón está obsoleta en un 90%" y tiene más de 20 y 25 años de antigüedad”. Además, los trabajadores denuncian que en algunos camiones se alcanzan los 36 grados en verano. Cuando los vehículos no están en condiciones, la primera comprometida es la seguridad de los trabajadores.
Otro de los problemas graves es la falta de inversión en maquinaria adecuada. Por poner un ejemplo, en una actividad como los desbroces o siegas de la vegetación en medianeras, la actuación puede ser ejecutada a través de un tractor con brazo desbrozador que no requieren la presencia de trabajadores a pie, o de forma manual, con la intervención de trabajadores dotados de herramientas manuales. Mientras en muchos países de Europa la mayoría de empresas disponen de medios mecánicos, en España, estos trabajos se realizan de forma manual. Los elementos físicos que se utilizan en la señalización de la zona de obras también es muy importante. En EEUU, se utilizan vallas metálicas desmontables y en ocasiones hasta bloques de hormigón para proteger la zona de obras, lo que en España se sustituye por unos conos o un trabajador agitando una bandera, el caso precisamente, del último joven operario fallecido en IBI.
¿Qué responsabilidades tienen las administraciones públicas?
Las responsabilidades de las Administraciones públicas son múltiples pues no sólo son las que aprueban las normativas de prevención de riesgos laborales, sino que también son las que controlan el tráfico, y sobre todo, las que contratan el mantenimiento y la conservación de las carreteras. Daniel García Arguelles, responsable de Salud Laboral de la Federación de Construcción y servicios de Asturias, una de las comunidades autónomas donde más accidentes mortales se produjeron en 2018, pone el acento en las condiciones de contratación de las distintas administraciones: “el procedimiento de adjudicación de los contratos por parte de las distintas Administraciones adopta en los últimos años el sistema de subasta o lo que es lo mismo, la adjudicación del servicio con un criterio estrictamente economicista basándose en el ahorro de costes, primando con ello a la oferta económica más baja. Esto provoca que las empresas adjudicatarias no destinen los recursos económicos suficientes para realizar una gestión de la prevención de riesgos laborales eficaz y eficiente. De ahí que nos encontremos, en muchas ocasiones, con diversas problemáticas en las distintas empresas, cuya solución pasa por un aumento de la dotación presupuestaria en el capítulo de inversiones en prevención”. Sobre este aspecto Arguelles es optimista: “afortunadamente con la nueva Ley de Contratos del Sector Público esperamos una definitiva reversión de esta situación y que las cláusulas sociolaborales tengan el peso que se merece una contratación socialmente responsable para este sector, evitando que los concursos los ganen aquellas empresas que utilizan la baja temeraria como recurso para adjudicarse un servicio sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede tener en pérdida de vidas humanas”.
Otra de las cuestiones que se plantean en el origen del problema es la deficiente coordinación entre la propia Administración y las empresas que realizan el servicio en materia de vigilancia y control de las condiciones laborales en en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. García Arguelles señala que “sí hay un control documental de la prevención, pero este control no se lleva al terreno de la fase de ejecución del propio servicio, en ocasiones incluso partiendo de la base de que los recursos aprobados en el plan de prevención e incluso los que plantea el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra no se ponen a disposición de los trabajadores y trabajadoras”.
La falta de coordinación entre la Guardia Civil de Tráfico y la Inspección de Trabajo es también un grave problema. La Federación de Construcción y Servicios de CCOO ha denunciado en distintas ocasiones que en un gran número de accidentes mortales o graves, las autoridades de tráfico, ya sea la Guardia Civil o policías autonómicas, no lo comunican inmediatamente a la autoridad laboral, lo que impide a la Inspección de Trabajo la investigación in situ del siniestro. La investigación se realiza a posteriori a partir de los atestados por lo que estos accidentes no se investigan desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales. En muchos casos los accidentes ocurren a pesar del cumplimiento de la normativa del Ministerio de Fomento, pero al no investigarse por la autoridad laboral no se pone de manifiesto de manera oficial la inadecuación de la normativa existente.
CCOO se reúne con la Inspección, con la Dirección General de Tráfico y con Fomento
CCOO ha iniciado una campaña de entrevistas con los organismos de la Administración General del Estado con competencias en los accidentes en el sector. Representantes de la Secretaría Confederal de Salud Laboral y de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, se han reunido en los últimos meses con Irene Marín, Subdirectora General para la Coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con Javier Herrero Lizano, Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento y con Pere Navarro, Director General de Tráfico.
Como explica Pedro J. Linares, Secretario Confederal de Salud Laboral de CCOO “desde CCOO se está exigiendo la revisión de toda la normativa que afecta a señalización de obras, así como la elaboración de procedimientos de trabajo unificados basado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En una reunión mantenida a principios de febrero, el Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento manifestó a representantes de CCOO que el Ministerio está trabajando en la revisión de esta normativa y que tendrán un primer borrador durante el primer semestre de 2019. Además se comprometió a poner esta documentación a disposición de los agentes sociales para contar con su participación. También a petición nuestra propuso integrar a trabajadores con conocimiento del sector en el grupo de trabajo sobre procedimientos e instrucciones de la Asociación Técnica de la Carretera. Otras reivindicaciones del sindicato son un protocolo de comunicación inmediata entre la autoridad de carretera y la Inspección de Trabajo en caso de accidente grave o mortal, la incorporación de los trabajos de conservación y explotación de carreteras en la campaña de seguridad vial de la Inspección de Trabajo, así como la necesidad de dar un mayor peso a la prevención de los riesgos laborales en los pliegos de los contratos de obra, determinando con exactitud las cuantías de estos apartados”.
Entre las medidas propuestas por la Federación de Construcción y Servicios de CCOO al Director General de Carreteras, está la posibilidad de poner en marcha una campaña de la Guardia Civil de Tráfico para mejorar el control de la normativa de prevención en COEX, para la que sería imprescindible la formación de los agentes, que les permitiría intervenir en situaciones de incumplimientos en obras que se desarrollen en la calzada. CCOO también ha propuesto la limitación de la velocidad máxima en zonas de obra a 60 km/hora en autovías y autopistas, promover la instalación de radares disuasorios en las proximidades y que los vehículos de COEX y que las máquinas quitanieves tengan consideración de vehículos prioritarios y usen rotatorios azules, exclusivamente cuando están realizando labores de vialidad invernal y atención a incidencias y accidentes en la calzada.
