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Democracia, investigación y salud

Vie, 15/04/2016 - 12:19
Contra

Han pasado ya veinte años desde que se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Labores y el subregistro de enfermedades profesionales sigue siendo inmenso, y escasas las políticas preventivas que realmente llegan a los trabajadores y las trabajadoras. Su existencia y eficacia son consecuencia de la férrea voluntad de algunos agentes sociales implicados como los sindicatos y el trabajo personal, vocacional, que se produce en algunos centros médicos y de investigación.

Cuando nos ponemos a reflexionar mínimamente sobre nuestro sistema de salud laboral queda en evidencia su gran debilidad: parece diseñado –entre otras– para dificultar y minimizar el reconocimiento del daño que provoca la actividad laboral en nuestra salud. Aunque esto sea una contradicción mayúscula, estos veinte años de aplicación de la LPRL muestran que es uno de sus resultados más evidentes. Un elemento clave, estragético, para dinamizar este proceso de visibilización es –precisamente– el papel que juega la investigación social que establece y corrobora, con la metodología científica pertinente, consensuada, esas relaciones causales entre el cómo trabajamos y de qué enfermamos.

Sin un ámbito para la investigación en temas relacionados con la salud pública, bien estructurado, con financiación suficiente, transparente y abierto a la participación colectiva, parece difícil –cuando no imposible– avanzar en la prevención del deterioro en la salud que sufren muchos trabajadores y trabajadoras. ¿Qué vamos a investigar?, ¿para qué?, ¿quién lo paga?, ¿qué intereses se defienden?, ¿quién participa?, son algunas preguntas interesantes que deberían contestar aquellos que diseñan las raquíticas políticas públicas de investigación que tenemos en este país.

¿Por qué no democratizamos este ámbito?, ¿por qué no damos participación a la sociedad para definir sobre qué quiere que se investigue con su dinero? Tal vez, si lo hiciéramos así se pondría en duda (o no) la distribución actual de fondos para la investigación, y así evitar (o no) que los fondos para la salud laboral se decanten a investigar –por ejemplo– programas de retorno al trabajo tras las bajas laborales, el problema generado por las propias políticas económicas y de empleo sobre envejecimiento “activo”, o absurdas disquisiciones sobre la cultura preventiva, en vez de analizar las relaciones entre precariedad y salud, la visibilización del cáncer laboral en ciertos ámbitos laborales, o la relación entre clase social y esperanza de vida saludable.

Pero no solo se trata de investigación, porque tras la evidencia está la acción. Una vez conocemos el modelo que explica las relaciones entre –por ejemplo– ciertas sustancias o ciertas prácticas laborales y la enfermedad, ¿qué ocurre?, pues que se inicia otro camino tortuoso, agotador, para que este reconocimiento científico sea tenido en cuenta a la hora de desarrollar ciertas políticas que –por otro lado– trascienden, maldita complejidad, los ámbitos ministeriales establecidos.

Se necesita que el conocimiento se transforme en norma, en ley. Y ese proceso, dados los efectos económicos que tiene y las variaciones en el statu quo que conlleva, se eterniza, se dificulta, se flexibiliza, se relativiza, para que –al final– la regulación sea lo menos exigente y explícita posible. Es decir, lo menos eficaz posible. Todo por el bien de los malditos resultados empresariales.

Y aún queda un nuevo eslabón; solo lo apuntaremos. No solo es suficiente conocer y regular, hace falta desarrollar y ejecutar la ley. No todos los trabajadores y las trabajadoras tienen la posibilidad de conocer, ni tampoco las garantías para ejercer sus derechos. Esto explica –entre otras cosas– que las políticas para la mejora de la salud no sean eficaces. Esto tiene que ver con la distancia entre el marketing regulador y el sufrimiento real.