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Perder la vida bajo el agua. Los buzos profesionales son el colectivo con mayor índice de incidencia de accidentes mortales

Sáb, 15/07/2017 - 12:19
BERTA CHULVI
Condiciones de trabajo

El pasado 21 de diciembre, Roberto, un buzo profesional de 34 años, murió bajo el agua mientras trabajaba en la piscifactoría que el grupo CULMAREX tiene en Guardamar del Segura. Mientras los sindicatos y la patronal de buceo profesional industrial han acordado modificaciones sustanciales para mejorar la seguridad de los buzos, la patronal de acuicultura se resiste a proteger la vida de sus trabajadores. Roberto es el último fallecido y con su muerte sobre la mesa se inicia la negociación del convenio. CCOO está desarrollando una intensa actividad sindical para proteger la vida de los trabajadores a costa de amenazas y despidos de los delegados sindicales.

Disponer de las cifras de accidentes mortales entre el colectivo de buzos profesionales no es fácil, pues las empresas que utilizan sus servicios operan con distintos códigos de actividad: obras y mantenimiento, acuicultura, servicios públicos, ocio, etc. Sin embargo, Iván Ciudad Valls, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales y director técnico de ICCESAL, está muy próximo a este colectivo por su condición de instructor de buceo y lleva años recopilando información. Sus datos describen un panorama especialmente grave: "Entre 1989 y 2017 se han producido como mínimo 207 casos de accidente de trabajo en el buceo profesional. De ellos, 59 han sido mortales y 148 de diversa gravedad. Si tenemos en cuenta que el colectivo es muy pequeño "se estima que son entre 800 y 2.800 trabajadores", estamos hablando de que en 2014 los buzos profesionales presentaron entre 4 y 14 veces más riesgo que los trabajadores de las industrias extractivas de morir por un accidente de trabajo, y entre 80 y 200 veces más riesgo que el conjunto de la fuerza laboral española".

Las causas más frecuentes en los accidentes mortales son los ahogamientos, las muertes por descompresión y los atrapamientos. Según las investigaciones de Iván Ciudad, tres de cada cuatro buzos profesionales fallecidos utilizaban un equipo de respiración autónomo. ¿Qué es lo que sucede con los equipos de respiración autónomos? Lo explica bien Damián García, coordinador de la sección de buzos de CCOO: "Cuando un buzo tiene un problema, un atrapamiento por ejemplo, y pierde el conocimiento, lo primero que hace es escupir el regulador y empieza a tragar agua. El 90 por ciento de las muertes es por ahogamiento y por eso es tan importante el acuerdo alcanzado con la patronal de buceo profesional industrial en el que se prohíbe el buceo con equipos de respiración autónomos y se exige la utilización de un equipo de suministro desde superficie".

Este logro al que se refiere Damián García ha formado parte de la negociación del II Convenio Colectivo de Buceo Profesional y entró en vigor en noviembre de 2017, pero la patronal de acuicultura se niega en redondo a negociar esta modificación en las condiciones de trabajo y se aferra a las normas de seguridad de la orden del Ministerio de Fomento de 1997, que no solo están obsoletas sino que, además, las empresas las incumplen sistemáticamente.

El prevencionista Iván Ciudad tiene claro que se trata de una modificación de las condiciones de trabajo que reduciría sustancialmente los siniestros mortales entre los buzos profesionales: "El suministro de aire desde superficie nace con el buceo mismo, las botellas solo llegan después de la Segunda Guerra Mundial y es evidente que los equipos de buceo autónomos no son la mejor opción para una buena parte de las operaciones: ofrecen una cantidad limitada de aire respirable, no garantizan una burbuja de aire alrededor de las vías aéreas superiores que impida el ahogamiento del buzo en una supuesta pérdida de conocimiento, no garantiza una "línea de vida" para ser usada por el buzo de socorro para auxiliar en caso de accidente y no permite la comunicación continua del buzo con la superficie", explica Ciudad.

Fran Díaz es el coordinador del Subsector de Acuicultura y miembro de la dirección de la Agrupación de Buzos de CCOO. Ha sido buzo profesional en el sector y actualmente es patrón de embarcación. Hace un año se reunió con APROMAR, la patronal a la que pertenece CULMAREX, la empresa en la que se produjo la muerte de Roberto el 21 de diciembre pasado: "La patronal se empeña en que sus procedimientos de trabajo son muy seguros, pero una y otra vez queda claro que no lo son. Sabemos que Roberto bajó solo, que no había ningún buzo más en el agua que tuviera contacto visual con él, que es lo que establece la normativa. Esto, por desgracia, es lo más común en la acuicultura. Cuando no se baja solo, se meten dos buzos en el agua, pero cada uno tira hacia un lado, con lo cual no se están cumpliendo las normas de seguridad porque no hay contacto visual". En la última reunión con los sindicatos "explica Fran Díaz" hace un año, las pretensiones de APROMAR eran comprometer todavía más la seguridad de los buzos: "Querían que firmáramos un anexo al convenio donde aceptáramos que una operación de buceo se considerara como equivalente a una zona de buceo, para que así un jefe de buzo desde una embarcación pudiera supervisar a varios equipos que trabajan a distancia considerable. Nosotros nos negamos por completo".

Si te defiendes, te despido
Precisamente por no aceptar estas condiciones "es decir, negarse a firmar partes de trabajo como jefe de equipo de operaciones de buceo que no controla realmente" ha sido despedido un delegado sindical de CCOO en otra piscifactoría. Diversos casos a los que ha tenido acceso porExperiencia permiten observar la tendencia, en algunas empresas importantes del sector, de amenazar con despido o despedir a los trabajadores y trabajadoras que exigen el cumplimiento de las normas seguridad y salud. En estos momentos se está dando una batalla invisible en la que hombres y mujeres pierden sus empleos por defender su vida y su salud. Hay varios casos en los tribunales por persecución sindical, varios trabajadores despedidos que han recurrido su despido y otros tantos a los que se les ha obligado a pactar bajo amenazas de hacerles la vida imposible. Uno de los casos que ya se ha resuelto a favor del trabajador es el de Damián García, que fue despedido por la UTE UCS Molina, la unión de empresas que lleva el mantenimiento de la monoboya de descarga de petroleros de la refinería de CEPSA en La Rábida (Huelva), como respuesta a su actividad sindical.

Damián García y sus compañeros estuvieron desde 2013 a 2016 exigiendo a la empresa que se aplicaran las medidas de seguridad, negociando y sin conseguir resultados a pesar de las denuncias a la Inspección de Trabajo. "No se hacían los mantenimientos preceptivos de los compresores que suministran aire para respirar, las embarcaciones no disponían de los medios de evacuación que se relataban en el plan de emergencias, no se descontaminaban los trajes de trabajo que se ensuciaban con crudo, los reconocimientos médicos de la vigilancia de la salud anuales tampoco incluían los marcadores en sangre de exposición a sustancias tóxicas con las que trabajamos en los pantalanes, no se cumplían los tiempos de descanso obligatorio ni teníamos un cuadrante de trabajo definido", explica Damián García. La juez ha condenado a la empresa a la readmisión del trabajador y a pagar una indemnización de 6.000 euros por daños morales.

"Las empresas incumplen las normas de seguridad para ahorrar personal "señala Damián García", precisamente por eso, cuando en mi empresa se ha empezado a cumplir la normativa de seguridad y salud, la plantilla ha pasado de 6 a 12 buzos, más los eventuales en las puntas de producción. Lo que para las empresas es dinero, para nosotros es el riesgo de perder la vida". La patronal de empresas de buceo profesional industrial ha estado de acuerdo con los sindicatos y pactado un cambio sustancial en las condiciones de buceo, porque en la directiva hay buzos que saben lo que es jugarse la vida. No ocurre lo mismo en la acuicultura. En este subsector, en estos momentos, se está dando una batalla invisible en la que los unos defienden su derecho a la salud y a la vida y los otros ejercen su poder de despedir y amenazar. Roberto, natural de Orihuela, con 34 años y dos hijos, ha sido la última víctima.