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Así se ven... Tres inspectores de trabajo opinan sobre el presente y el futuro de la Institución

Sáb, 15/07/2006 - 12:19

Dossier: 100 años de inspección de trabajo

Así se ven... Tres inspectores de trabajo opinan sobre el presente y el futuro de la Institución

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Con motivo del centenario de la Inspección de Trabajo y porExperiencia ha querido saber de primera mano cómo ven la institución sus protagonistas: los Inspectores de Trabajo. Hemos contactado con tres Inspectores: Xavier Crespán (Barcelona), Paloma Rodolfo (Madrid) y Adrián González (Alicante). Tres profesionales con dilatada experiencia en la actividad inspectora, a los que les hemos planteado una serie de cuestiones. Éstas son sus respuestas.

Tras diez años de Ley de Prevención los resultados no son los esperados. Han fallado muchas cosas. ¿En que ha fallado la Inspección de Trabajo?

Javier Crespán recoge el guante y afirma sin ambages que “la Inspección de Trabajo ha puesto el acento de manera excesiva en el control documental y no en el control de las condiciones de trabajo”. Paloma Rodolfo, por su parte, sitúa el problema en “un mal endémico: la falta de medios, tanto materiales como personales” ya que –razona- “si a los elementos de control con que cuenta el Estado de Derecho no se les dota de medios, empezamos mal y es difícil avanzar”.

¿Cómo se deberían corregir esos fallos?

“Debe reorientarse en profundidad la política de formación continua en materia de seguridad y salud laboral de los funcionarios”, apunta Javier Crespán y añade que “se deberían establecer políticas de intervención sustancialmente diferentes, buscando las formas de inspección más sobre condiciones de trabajo y no sobre aspectos documentales”.

Adrián González, por su parte, trata de neutralizar una visión excesivamente pesimista sobre los resultados de la ley: “en unos pocos años de aplicación de la nueva normativa es imposible que se noten cambios espectaculares en las cifras de siniestralidad laboral –afirma- cuando, además, estamos hablando de un cambio de cultura y se necesita tiempo, debemos pensar en el medio y el largo plazo; yo creo que sí se están produciendo cambios en las empresas, en la mentalidad de los empresarios y de los trabajadores, en toda la sociedad”.

¿Es mejor una Inspección de Trabajo generalista o un modelo especializado en salud laboral?

Ninguno de nuestros tres interlocutores ha dudado en ensalzar las bondades del denominado modelo generalista cuya visión global de las relaciones laborales, según Paloma Rodolfo, “no sólo no dificulta sino que enriquece la actuación en materia preventiva y de seguridad y salud laboral”. Javier Crespán, por su parte, añade que más que una cuestión de modelo nominal lo importante es “que en el acto inspector el funcionario pueda actuar en todas las competencias derivadas del problema” ya que, dice, “no serviría de mucho una Inspección especializada en Seguridad y Salud que no pudiese actuar en materia de Seguridad Social si el trabajador accidentado no estuviese de alta o no pudiese iniciar el procedimiento de recargo de prestaciones”.

Adrián González aporta tres argumentos a favor del modelo generalista. El primero es “que es más favorable para los empresarios y trabajadores, que no deben acudir a varias inspecciones de trabajo en función de la materia que se trate”. En segundo lugar, defiende González “que difícilmente se pueden controlar la seguridad y salud en el trabajo obviando el resto de las condiciones de trabajo, jornada, descansos, sistemas de retribución, etc.”. Por último cita la eventualidad de que “en situaciones como la de un accidente de trabajo se podrían realizar tres actuaciones diferentes –relaciones laborales, seguridad social y salud laboral- y cada una de ellas en sentido distinto, lo cual crearía una situación inadmisible y de una enorme inseguridad jurídica”.

En su experiencia profesional, ¿cómo ve la actuación de los delegados de prevención?

Los inspectores expresan una posición ambivalente. Por un lado afirman unánimemente su necesidad “sin ninguna reserva” y reconocen “el importante esfuerzo que realizan”, pero por otra parte, critican la instrumentación de la salud laboral para otros fines ajenos a la prevención (“se utiliza la prevención de riesgos más como medio para conseguir otras reivindicaciones que como un fin en sí misma”, Paloma Rodolfo) y también el que “se traslade miméticamente la confrontación sindical al campo de la salud y seguridad”, en palabras de Crespán.

Adrián González dice no estar seguro “de que la normativa sobre prevención de riesgos laborales haya tenido en cuenta cuál es la configuración de nuestras empresas en España, mayoritariamente de tamaño pequeño y mediano, carentes de representantes de los trabajadores”. También apunta González como dificultad añadida para los delegados de prevención “la desconfianza que generan en muchos empresarios, porque los ven, no como colaboradores en la mejora de las condiciones de seguridad y salud, sino como una fuente de problemas para ellos”. Con todo, se muestra convencido de que “para la Inspección de Trabajo constituyen una ayuda inestimable, por la información que proporcionan respecto de los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, que ellos no hayan podido conseguir ubsanar con su actuación ante el empresario”.

¿La condena penal de un inspector de trabajo en el caso Ardystil ha afectado a su trabajo?

Ninguno de los tres inspectores entrevistados considera que la sentencia del caso Ardystil haya influido en su forma de trabajar, pero el sólo hecho de nombrarla genera en todos ellos el deseo de explicitar sus puntos de vista sobre tal sentencia. Quien más se explaya es Adrián González : “La sentencia de Ardystil es injusta, desde todo punto de vista, para el inspector condenado, que finalmente sólo lo fue por una falta, y que, según el Tribunal Supremo, tampoco sus supuestas omisiones tuvieron influencia en la gravedad de las consecuencias para los afectados. Dicha injusticia se deriva de que la condena se basa en unos hechos probados que no coinciden con la realidad. Creo que nadie duda de que la sentencia se dicta para que los trabajadores puedan cobrar de la Administración, porque las empresas eran insolventes y, ni la acusación particular ni el Ministerio Fiscal supieron o no quisieron dirigir sus actuaciones contra los otros sujetos, además de los empresarios, auténticamente responsables de esas desgraciadas enfermedades. Y lo grave es que para conseguir esas indemnizaciones se ha destrozado la vida de un funcionario y se ha creado una doctrina absolutamente peligrosa para el funcionamiento y las actuaciones de la Inspección de Trabajo. La columna vertebral de esa doctrina es que un inspector de trabajo que visita a una empresa debe actuar en todas las materias para las que es competente, sean evidentes o no los incumplimientos de la empresa, y no sólo en aquellas a las que se refiere la orden de servicio que se le da por sus superiores. La sentencia establece el principio de que todos los empresarios son incumplidores hasta que el inspector comprueba lo contrario y debe hacerlo en todos los casos, lo que es tanto como decir que un juez que tramita unas diligencias por robo contra un sujeto, debería también comprobar a ver si ha cometido otros delitos. Se pretende una labor inquisitorial que, como mínimo, debemos decir que es inconstitucional. No obstante, la profesionalidad de los inspectores de trabajo unido a algunas reformas de la normativa reguladora de su actuación permite que nuestro trabajo en nada se haya visto afectado y sigamos desarrollando y cumpliendo nuestra función pública con el mismo rigor, aunque, eso sí, con un poco menos entusiasmo que antes y algo más de miedo”.