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Estimaciones muy prudentes señalan que cada año, en España, más de 4.000 trabajadores y trabajadoras mueren por enfermedades derivadas de la exposición a sustancias químicas. Más de 33.000 enferman por exposición a productos químicos y alrededor de 18.000 accidentes de trabajo se producen por exposición a químicos. Según la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, casi el 50% de los trabajadores de la construcción y más del 42% en la industria están expuestos a sustancias tóxicas. Éstos son algunos de los datos que permiten dimensionar la importancia del riesgo químico desde el punto de vista sanitario, social y laboral.
También desde el punto de vista medioambiental, los datos de contaminación por sustancias tóxicas son alarmantes. La agregación de los datos de las distintas comuni - dades autónomas plantea que más del 80% de los ciudadanos y ciudadanas respiramos aire que contiene contaminantes por encima de lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Un informe reciente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica señala que más de 16.000 personas mueren prematuramente en España a causa de la contaminación del aire.
Toni Musu, de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUI), aportó algunos datos para el contexto europeo: alrededor del 16% de los trabajadores europeos ha declarado que manipula productos peligrosos y un 22% señala que inhala vapores tóxicos. ETUI ha calculado que un 30% de las enfermedades profesionales que se reconocen cada año en Europa están estrechamente relacionadas con la exposición a sustancias químicas y que cada año, en Europa, se producen 74.000 muertes derivadas de la exposición a estas sustancias químicas en el trabajo.
Un cóctel químico sin control
El proceso de prerregistro de sustancias químicas que se ha iniciado con el Reglamento REACH plantea que más de 146.000 sustancias químicas se comercializan en Europa sin conocer los riesgos que entrañan para la población, para los trabajadores y para el medio ambiente. En España, según estos datos, habría unas 90.000 sustancias. Esta cifra es cinco veces superior a la que se estimaba antes de que finalizara el proceso de prerregistro de REACH.
De las 146.000 sustancias que circulan en Europa, sólo 141 han sido evaluadas de forma completa y menos de 800 cuentan con un valor límite ambiental que permita controlar los niveles de exposición en las empresas. No hay registros públicos de exposición laboral o ambiental a dichas sustancias, los únicos datos son los de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, donde son los propios trabajadores quienes estiman la exposición, pero sabemos que la falta de información de los trabajadores es generalizada.
Frente a esto, la literatura científica es cada vez mayor, y distintos estudios, como los realizados por el doctor Miquel Porta y su equipo, señalan que la población española está sometida a niveles preocupantes de contaminación química. No es de extrañar, pues, que las enfer - medades relacionadas con la exposición ambiental a sustancias químicas (cáncer, problemas reproductivos, alteraciones hormonales, enfermedades inmunológicas, etc.) se hayan disparado en los últimos años tanto en España como en el mundo.
El papel de la Administraciones públicas
Como señaló Dolores Romano (ISTAS), la envergadura del riesgo químico y sus consecuencias para la salud de las personas contrasta con la incapacidad actual de las Administraciones públicas para hacer frente a este riesgo: “Su mayor debilidad consiste –señaló Dolores Romano– en su incapacidad para desarrollar una política integral frente al riesgo químico. Nueve ministerios tienen competencias específicas en relación al riesgo químico. Existen centenares de direcciones, subdirecciones y servicios en las 17 autonomías. Esto da lugar a la dispersión de competencias, a la ausencia de criterios comunes y a graves deficiencias de coordinación. Las Administraciones carecen de los recursos necesarios, sobre todo de personal funcionario capacitado, para hacer frente a la creciente demanda de trabajo. Otra de sus responsabilidades es el reconocimiento de los daños y ya nadie niega la envergadura del subregistro de enfermedades profesionales. Las comparaciones internacionales hablan por sí solas. Desde el 2000, cada año, la Administración francesa viene reconociendo que cerca de 2.000 personas padecen un cáncer de origen laboral. Esta cifra contrasta con los 60 casos reconocidos por la Administración española en 2009.
Más políticas causales
Para la gran mayoría de participantes en el VI Foro ISTAS
un aspecto clave es negarse a adoptar enfoques individualistas.
Como señaló Miquel Porta, “es fundamental
que organizaciones como ISTAS y CCOO se opongan con
rotundidad a las estrategias de privatización, medicalización
o biomodificación de los riesgos químicos, para exigir
políticas –si se me permite el pleonasmo– auténticamente
poblacionales, porque aunque parezca un contrasentido
existen muchas políticas individuales que intentan responsabilizar
a las víctimas. Por tanto, más políticas causales,
más investigación y acción sobre las causas del riesgo
químico y no tantas políticas de consecuencias”. 
“El precio del desarrollo económico no puede ser la salud de los trabajadores”. Pedro J. Linares, secretario de Salud Laboral de CCOO.
La industria química es un sector que proporciona un importante número de empleos, pero hay
que dejar claro que el ritmo con el que se introducían los productos químicos en nuestra vida
y se desarrollaba este sector no ha estado nada o muy poco acompasado con las regulaciones
destinadas a proteger la salud de los trabajadores y de la población. Fruto de esta situación,
hoy nos encontramos con al menos tres millones y medio de trabajadores expuestos a cancerígenos
en sus lugares de trabajo. Cabe preguntarse si somos conscientes de lo que está pasando.
De especial gravedad es el subregistro de enfermedades profesionales. La falta de reconocimiento
de las enfermedades profesionales permite que se prolongue en el tiempo una
situación de desprotección de los trabajadores que es inadmisible y una gestión inadecuada de
la prevención en las empresas.
“Toda la población está expuesta a la contaminación química”. Miquel Porta, epidemiólogo y catedrático de Salud Pública de la UAB.
El riesgo químico no afecta sólo a los trabajadores, nos afecta a todos. Tenemos pocos estudios,
pero algunos hay. Hay datos muy concluyentes. Por ejemplo, algunos plaguicidas de origen industrial
se detectan en la sangre del cien por cien de la población. Este es el caso del DDE, el
metabolito del DDT, en la población sana de Cataluña. Estamos hablando de unas sustancias
químicas muy persistentes que se acumulan en el medio ambiente y en nuestros cuerpos. Por
ejemplo, el DDT, un pesticida que se prohibió hace más de 30 años, se detecta en más del 88%
de la población sana de Cataluña. La mayoría de la población tiene estas concentraciones a niveles
muy bajos, pero hay una minoría que, no sabemos por qué, tiene las mismas concentraciones
a niveles hasta 7.000 veces superiores a la mayoría. Esto nos recuerda que no hay barreras
entre nosotros y el medio ambiente.
“Las diferencias de género son un aspecto clave en el riesgo químico”. Carmen Valls, endocrinóloga especialista en mujer, desigualdad y salud.
Las sustancias químicas liposolubles son más fáciles de acumular en las personas con más
tejido graso. El sexo femenino presenta casi un 15% de materia grasa más que el masculino. Un
estudio que examinó a 583 personas que habían estado expuestas a pesticidas mostró que un
60,49% de las mujeres quedaron afectadas, mientras que esto sólo ocurrió al 7,3% de los hombres.
Tras décadas de invisibilidad de las mujeres en la investigación médica, ha quedado claro
que en todos los ámbitos de salud, y por supuesto en las exposiciones a productos tóxicos, se deberán
explorar si existen diferencias de género, tanto por el tipo de trabajo realizado como por
las prácticas de trabajo y medidas protectoras, como por la necesidad de utilizar instrumentos
de medida de las exposiciones sensibles a las diferencias de sexos.
“El 70% de los trabajadores expuestos a cancerígenos son manuales”. Annie Thébaud-Mony, directora del Instituto Nacional de Investigación Médica y Sanitaria de Francia.
Distintos estudios realizados en Francia muestran cómo
las desigualdades en la mortalidad por cáncer entre los varones tienen que ver con la posición
de los trabajadores en el sistema productivo. Un estudio realizado en 1980 señalaba que el número
de muertes por cáncer era cuatro veces mayor entre trabajadores manuales que entre directivos
y profesionales. En 2005, un segundo estudio confirmaba este resultado: las muertes por
cáncer eran 10 veces superiores entre trabajadores manuales que entre directivos y profesionales.
Sin embargo, en cuanto a conductas individuales, como el tabaco y el alcohol, causas atribuibles
de cáncer, se observan pocas diferencias con respecto al consumo entre clases sociales.
Un estudio realizado en Francia mostró que el 13,5% de los trabajadores de empresas privadas
estaban expuestos a uno o más cancerígenos en su lugar de trabajo (más de 2,5 millones de personas)
y de ellos, el 70% de los trabajadores expuestos eran trabajadores manuales.
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