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Sumario nº 47
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BERTA CHULVI

Ildefonso Hernández es director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales. Hernández participó en el II Encuentro Estatal de Delegados y Delegadas y anunció un cambio de enfoque importante: el Gobierno parece tener asumido que la salud laboral ha de estar en la agenda de la salud pública.

A lo largo del encuentro hemos escuchado en distintas ocasiones una reivindicación clara: la salud laboral es un problema de salud pública.

Estoy de acuerdo y el Gobierno está en sintonía con la preocupación que subyace a esa reivindicación. En los orígenes de la salud pública, el conocimiento es un paso necesario para la acción. Por tanto, el lema de “reconocer las enfermedades laborales para prevenirlas” está en el corazón de la salud pública. Es evidente que la salud laboral ha de ser considerada como un aspecto clave de la salud pública. Y precisamente por eso, la futura ley de salud pública tendrá un capítulo muy relevante destinado a la salud laboral. Si hay un determinante importante de la salud, son las condiciones de trabajo o la ausencia de trabajo. Está claro que una adecuada evaluación epidemiológica es clave para afrontar las enfermedades laborales. En ese sentido ya hemos recibido aportaciones de todos los agentes sociales y esperemos que a partir de ahora haya más contribuciones.

Considerar la salud laboral en el marco de la salud pública va a exigir una acción coordinada de distintas Administraciones.

Desde luego. Se trata de una acción integrada del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Sanidad y Política Social, sin duda incluyendo a la Secretaría de Estado de Seguridad Social. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es también una pieza clave. Sin duda, cuando haya disponibilidad presupuestaria y estén puestas las bases se podrá avanzar en este sentido. Una experiencia de colaboración, en la que he de agradecer las aportaciones de CCOO, se ha producido precisamente ahora para hacer frente a la gripe pandémica. La colaboración entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Sanidad y Política Social en este punto ha sido un ejemplo de cómo debe funcionar la Administración pública. Yo no he visto una diligencia tal en la experiencia que tengo en la Administración pública. Por eso quería agradecer esa labor de ayuda del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, por ejemplo en la orden que inmediatamente se hizo para el aislamiento preventivo, por poner un ejemplo. Otra experiencia de colaboración interesante se está produciendo en estos momentos entre las comunidades autónomas y la Administración central en lo que se refiere a elaborar una estrategia que facilite la notificación de las sospechas de enfermedades profesionales. Ese es el camino que hay que transitar, porque las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y por tanto desde el Ministerio de Sanidad existen claras limitaciones para actuar y resolver, por sí solo, los problemas.

¿Qué efectos espera que produzca el hecho de considerar la salud laboral en el ámbito de la salud pública?

Creo que va a ser un paso importante para hacer visibles las enfermedades relacionadas con el trabajo. Además, el reconocimiento epidemiológico es importante para hacer una vigilancia en salud laboral que sea adecuada. Y en este punto, yo creo que hay que agradecer el esfuerzo y la acción de CCOO para ir modificando una vigilancia de la salud basada en exámenes indiscriminados que no tienen ningún fundamento científico y que lo máximo que pueden hacer es gastar recursos sin ninguna incidencia positiva en la salud de los trabajadores.

¿Puede avanzar algún calendario respecto a la nueva ley de salud pública y su aplicación?

Antes de fin de año tendremos un borrador del anteproyecto para revisión en el Ministerio y esperamos que en febrero pueda aprobarse e iniciar su curso.

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