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Dossier: Enfermedades profesionales

¿para cuando las enfermedades profesionales?

En todos los países, deliberadamente o no, se dejan de comunicar muchos accidentes y casos de enfermedad relacionados con el trabajo. En el caso de los accidentes esta subdeclaración afecta fundamentalmente a los casos leves, cuando no se pierden horas de trabajo y las lesiones son atendidas en el propio centro. Si el accidente produce algún tipo de incapacidad, el sistema funciona razonablemente bien. Sin embargo, no puede afirmarse lo mismo de las enfermedades profesionales.

¿Por qué no se reconocen las enfermedades profesionales?

En la gran mayoría de los accidentes de trabajo existe una relación causal clara y directa entre el incidente (la exposición a los factores de riesgo) y el resultado traumático. Esta relación, sin embargo, es más difícil de demostrar cuando se trata de enfermedades profesionales que suelen obedecer a una multiplicidad de causas y en las que a veces transcurre un largo periodo de latencia entre la exposición inicial y la aparición de los primeros síntomas.

Siendo los trabajadores ocupados la población de referencia, aquellas enfermedades de origen laboral que aparecen en edades tardías, después de la jubilación, o las que sufren los trabajadores en paro no encontrarán reflejo en las estadísticas oficiales.

Por otra parte, y para terminar de complicarlo, en muchas enfermedades profesionales, como el cáncer o las osteomusculares, resulta difícil -cuando no imposible- determinar con certeza una causa específica y luego relacionarla directamente con una exposición laboral, pues lo más seguro es que se deban a diversas causas que actúan conjuntamente y no todas relacionadas con el trabajo.

Una epidemia ignorada

En la mayoría de los países industrializados las estadísticas oficiales registren sólo una parte de las enfermedades derivadas del trabajo. Algunos autores estiman que los sistemas de indemnización compensan menos del 10 % de los casos de enfermedad profesional.

Por lo que hace referencia a nuestro país, una ojeada a las cifras permite ver que el número de enfermedades profesionales declaradas oficialmente es mínimo. En 1997, han sido 9.640, y sólo una mortal. Las enfermedades profesionales más frecuentemente registradas son por fatiga de vainas tendinosas, dermatosis, bursitis, asma y la brucelosis. Esta situación, sin embargo, no refleja la realidad. De hecho, cada año se reconocen unas 1.200 nuevas pensiones de invalidez por enfermedades profesionales, unas 730 de viudedad y unas 80 de orfandad. Y un solo muerto oficialmente reconocido. Algo no encaja.

En el Plan de Acción sobre la Siniestralidad Laboral, aprobado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, puede leerse que busca reducir las altas cifras de la siniestralidad laboral. Este es un objetivo compartido por todos, obviamente. Pero, ¿de qué siniestralidad laboral estamos hablando?. Única y exclusivamente de los accidentes de trabajo. Resulta evidente que una muerte al año por enfermedad profesional es nada frente a las más de mil por accidente. Pero, una muerte, 165 enfermedades graves, y 8.219 leves, ¿reflejan la realidad de las muertes, enfermedades, discapacidades y lesiones por enfermedad de las trabajadoras y trabajadores españoles?

Si conociésemos la realidad de estas cifras nos sorprendería comprobar que son mayores que las de los accidentes. Las enfermedades profesionales carecen del impacto dramático de los accidentes de trabajo. Invisibles, no figuran en los registros, pero merman silenciosamente la salud de los trabajadores.

Es imprescindible conocer sus dimensiones para adoptar un enfoque racional de control de las mismas. Para poder establecer prioridades, destinar recursos, en suma, para diseñar planes y programas de prevención eficaces.

Los costes del subregistro

Su falta de reconocimiento provoca dos situaciones negativas inmediatas. Primera, el trabajador no accede a prestaciones económicas y sanitarias a las que tiene derecho. Segunda, como las empresas no se consideran obligadas a subsanar los problemas que originan estos peligros para la salud, no se ponen en marcha los mecanismos que evitarían estas enfermedades.

La invisibilidad produce otros dos efectos perversos. Por una parte, los costes de problemas de salud que deberían ser soportados por el sistema de prestaciones por contingencias profesionales son soportados por todos los contribuyentes, a través del sistema sanitario público. Por otro lado, el desconocimiento sobre la importancia relativa del daño laboral dentro de los problemas de salud pública de la población, impide diseñar políticas de Salud Laboral desde las Administraciones sanitarias.

Por una nueva orientación

Todo esto puede resultar comprensible pero en modo alguno conveniente. Si bien el discurso sindical recurre conceptualmente a la salud pública, la práctica ausencia de presión social al respecto, la escasez de recursos humanos y técnicos para desarrollar programas, y la consideración marginal que del tema tienen las propias administraciones, lleva a la Salud Laboral a una situación de precariedad en los sistemas sanitarios públicos.

Ciertamente, hay que resaltar el avance que ha experimentado la prevención de riesgos laborales en el último trienio, pero no nos podemos dejar llevar por la autocomplacencia. Las cifras de los daños derivados del trabajo, las que conocemos y las que sospechamos, son tercas y nos imponen continuar en el avance de la integración de la prevención en los centros de trabajo españoles.

En el caso de las enfermedades profesionales, hacer bien la tarea pendiente puede resultar impopular porque supondría a corto plazo no sólo no disminuir las cifras actuales sino, por el contrario, incrementarlas notablemente.

La reforma de los sistemas de detección e indemnización es una cuestión compleja en la que deben intervenir todas las partes interesadas, los trabajadores, los empresarios, las entidades aseguradoras, las administraciones públicas, los legisladores. Sin embargo, la enorme importancia de lo que está en juego (la salud, las prestaciones sociales y, porqué no, también la productividad) confiere especial importancia al pacto social que debe ser alcanzado para lograr esta reforma. Por supuesto, con los trabajadores en primera línea. Si la salud se decide en el ambiente físico, social y cultural, no caben decisiones que no tengan en cuenta a los protagonistas, su conocimiento de los problemas y de las posibilidades concretas de soluciones.

Montserrat García-Gómez. Servicio de Salud Laboral. Ministerio de Sanidad y Consumo.

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