La violencia externa es un riesgo laboral en numerosas profesiones que ejercen su trabajo de cara al público. Las agresiones en el sector sanitario son un fenómeno en aumento y deben abordarse desde el ámbito de la prevención de riesgos.
La OIT define la violencia en el lugar de trabajo como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma. Cuando esta violencia la sufren los y las empleadas a manos de terceros presentes en el lugar de trabajo de manera legítima (clientes, usuarios, pacientes
) se denomina violencia externa, y es un suceso demasiado común en aquellas actividades laborales que se realizan en presencia de público.
Hay que resaltar que la violencia en los centros sanitarios difiere significativamente de la de otros lugares de trabajo, ya que aquí procede generalmente de personas usuarias y, en algunas ocasiones, de sus allegadas. Este tipo de agresiones tiene cierto grado de incoherencia al ir dirigidas a los y las profesionales de la sanidad, cuyas principales funciones son la prevención y promoción de la salud de toda la ciudadanía. Además, las agresiones no se circunscriben en exclusiva al personal sanitario de atención directa, también pueden ser víctimas de la agresión el resto del personal que trabaja en el centro sanitario. Otro factor a tener en cuenta es la gravedad del acto, por lo que es importante diferenciar el tipo de agresión, ya que esto nos puede dar las claves para abordar su gestión inmediata. Las agresiones pueden ser tanto verbales como físicas.
La violencia externa es un fenómeno que no da tregua en el ámbito sanitario. Todas las semanas aparecen en los medios de comunicación noticias sobre agresiones en centros de salud y hospitales españoles y las cifras oficiales también así lo atestiguan. En el año 2014, el informe del Grupo de Trabajo de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en el que CCOO participó, estimó que 30.416 profesionales de los servicios de salud de las comunidades autónomas habían sufrido algún tipo de agresión entre 2008 y 2012. Y en el Sistema Estadístico de Criminalidad de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio de Interior, se contabilizaron 486 delitos en 2016 en los que las víctimas eran profesionales de la salud en el ejercicio de su actividad, 2.688 en el acumulado 2011-2016.
Estos datos nos refuerzan en nuestra petición de crear un registro único de agresiones en el Sistema Nacional de Salud para abordar de forma correcta y multisectorial esta lacra, y así poder evaluar las medidas que se vayan tomando en los diferentes espacios y corregirlas si no están dando los resultados esperados.
Cada acto de violencia viene siendo denunciado por sindicatos y entidades del ámbito sanitario y ha motivado mociones en el Senado y acuerdos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados el Ministerio y las comunidades autónomas. Recientemente hemos asistido a la presentación de una instrucción del Ministerio del Interior que genera un protocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud. Dicho protocolo crea, por un lado, la figura del interlocutor policial territorial sanitario, personas expertas del cuerpo policial que actuarán como cauce de comunicación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los responsables de los centros sanitarios, encargándose de coordinar, desarrollar y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario en el ámbito territorial que les sea propio, y, por otro lado, un Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios.
A juicio de CCOO, estas iniciativas son necesarias pero incompletas porque enfocan el problema desde una perspectiva exclusivamente policial y no lo abordan desde el ámbito de la prevención de los riesgos laborales. Si bien son necesarias actuaciones policiales para prevenir las agresiones, para gestionar las consecuencias una vez se han materializado o para formar a los profesionales para que puedan gestionar situaciones de violencia externa, es absolutamente imprescindible actuar sobre las condiciones y la organización del trabajo si queremos evitar de forma eficaz estos riesgos.
En este sentido, el aumento de la violencia externa en los últimos años ha estado ligado al empeoramiento de las condiciones de trabajo fruto de los recortes que hemos sufrido en la sanidad pública durante la crisis. La reducción de plantillas en los centros sanitarios, la falta de recursos, las demoras en la atención a pacientes y el deterioro de los servicios pueden estar detrás de muchas de las agresiones que estamos sufriendo en la sanidad, tanto es así que el propio Informe del Grupo de Trabajo de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud de 2014 indicaba que el 51% de las agresiones tenía su causa en aspectos relacionados con la organización del centro (tiempos de espera, falta de información o señalización, limpieza de los espacios comunes, confort, etc.) y que el 37% estaba referido a disconformidad con la atención profesional recibida. También es de resaltar que la mayoría de las víctimas en el sector sanitario son mujeres, lo que debe conllevar la inclusión de la visión de género en la resolución de este problema. La forma en que se enfrenta este problema en los Servicios de Salud difiere de unas comunidades autónomas a otras, aunque hay rasgos comunes, entre ellos la escasez de evaluaciones de riesgos psicosociales y la ausencia en la evaluación de riesgos, si la hay, de la posibilidad de sufrir una agresión dentro de su ámbito. En pocas comunidades autónomas existen órganos específicos, a modo de observatorio, que aborden la cuestión de la violencia externa en la sanidad o en el conjunto de las Administraciones públicas, y la participación de los sindicatos que representamos al personal sanitario en la planificación y puesta en marcha de medidas preventivas es muy desigual, así como en la evaluación de su eficacia. Mientras que en algunos casos, como en la Conselleria de Salud de la Comunidad Valenciana, se ha participado en la elaboración de procedimientos para prevenir agresiones, se tratan estas cuestiones en los comités de seguridad y salud o se recibe información periódica del registro de agresiones sucedidas, en otras comunidades ni se proporciona información a los sindicatos, ni se abren canales de participación para la implantación de medidas.
Desde CCOO venimos concentrándonos en la puerta de cada centro sanitario en el que sucede una agresión y reclamando a las consejerías de Sanidad de los Gobiernos autónomicos y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que constituya el Observatorio Estatal de las Agresiones, tal y como se comprometió a reactivar en enero de 2017, sin que por el momento se haya recibido la convocatoria.
A juicio de nuestro sindicato, dicho observatorio debe:
- Abordar las agresiones desde un enfoque integral que incluya la metodología de la prevención de riesgos laborales y contando con la participación de la representación del personal sanitario.
- Fomentar políticas y planes que prevengan las agresiones desde la cultura de la tolerancia cero y teniendo en cuenta la perspectiva de género.
- Situar como prioridad la investigación de las causas de las agresiones y su vinculación con la organización del trabajo, identificando los puntos críticos y elaborando mapas de riesgos de agresiones.
- Potenciar las medidas orientadas a usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Salud.
- Evaluar periódicamente las medidas preventivas adoptadas para testar su eficacia y poder reformularlas.
* Irene Álvarez es secretaria de Salud Laboral de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO.
